Al problema, originado en España tras los desahucios que llevaron al suicidio de ciudadanos desesperados, se une ahora el gran descontento que originó la reciente medida anunciada por el gobierno de Mariano Rajoy, quien pretende dar permiso de residencia a cambio de la compra de un piso por un valor mínimo de 160 000 euros.

La medida tiene como objetivo estimular el mercado inmobiliario español, aunque las asociaciones de inmigrantes están denunciando la complacencia del Gobierno con los bancos y entidades financieras; a la vez catalogan la iniciativa como injusta y discriminatoria, al dar beneficios solo a una parte.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció el pasado 19 de noviembre que el Ejecutivo estudia cambiar el reglamento para el otorgamiento del permiso de residencia, el cual se pondrá en práctica dentro de unas semanas.

García-Legaz explicó que se priorizaran mercados como el ruso y el chino, de los que hay una demanda importante de vivienda en el país ibérico.

La Unión General de Trabajadores (UGT), una de las dos centrales obreras mayoritarias en España, calificó de descabellada e impresentable la propuesta de reformar la Ley de Extranjería para canjear autorización de residencia por compra de casas.

La UGT dijo esta semana en un comunicado que la propuesta del Ejecutivo español deja en evidencia que el conservador Partido Popular (PP) percibe a la inmigración solo desde un punto de vista utilitarista y económico y rompe de esta forma con el principio de la migración en función de las necesidades del mercado de trabajo.

Igualmente subrayó que el decreto aprobado para reforzar la protección a los deudores hipotecarios no da respuesta al drama social de los desahucios, que sufre la población española, incluidos los inmigrantes en esa nación.

Según divulgó el sitio web, www.redinmigrantes.es, el rechazo a la medida ha sido total por parte de las asociaciones que defienden los derechos de los extranjeros. En ese sentido, el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), Víctor Sáez, dijo que esta iniciativa condiciona y especula con un derecho elemental: la vivienda.

Mientras, la organización SOS Racismo considera chocante que se vincule la compra de un inmueble con el otorgamiento de un permiso de residencia, pasando por alto otros asuntos como estrategias de blanqueo de dinero o abuso de posición.

El comunicado indica que en esta ocasión al Gobierno no parece importarle las cuestiones relacionadas con el aprendizaje de la lengua o determinados valores culturales que en otras ocasiones sí son determinantes para otorgar una autorización.

También recordó que históricamente el PP se ha negado a realizar reformas en las distintas leyes de Extranjería. “En este contexto sería intolerable que se pretenda modificar la Ley para permitir ahora la entrada libre de inmigrantes ricos, al tiempo que se persigue y se expulsa a los residentes en España que pasan por una situación de pobreza y exclusión social”, concluye.

Inmigrantes abandonan España

Datos divulgados en septiembre, situaban el índice de desempleo en alrededor de un 25 %, de ellos un 40 % eran inmigrantes. A esta situación se une la pérdida de las viviendas y los desahucios. La inestabilidad económica que vive el país ha provocado que un gran número de latinos estén regresando a sus países.

Un artículo de la agencia EFE destaca que en los últimos 5 años, han abandonado España alrededor de 1,2 millones de extranjeros.

La prensa también divulgó que cada día 108 inmigrantes desempleados deciden regresar. Según un sondeo divulgado a finales de octubre por la ecuatoriana Secretaría Nacional de Migración en Madrid, el 70 % de los encuestados se mostraron deseos de saldar sus cuentas con el gobierno español para poder retornar.

El presidente Rafael Correa anunció que se están tomando una serie de medidas para asegurar el regreso normal y ordenado de sus nacionales. Desde principios de 2012, habían alertado sobre el cambio en los flujos de envíos de dinero. Muchos ecuatorianos están vendiendo sus propiedades en Quito para transferir el dinero a España e intentar paliar la crisis.

En 2011 se registró una caída del 0,7 % en el número de extranjeros que entraban al país. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) destacó que en los últimos años, y debido a la situación que vive Europa, se está produciendo un cambio de tendencia en los flujos migratorios.

El estudio titulado, Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y el Caribe, y entre América Latina y la Unión Europea, que está basado en datos hasta 2010, destaca que la migración de europeos hacia Latinoamérica se ha incrementado notoriamente, a la par de que se ha notado un fuerte descenso en el número de latinos que entran en la Unión Europea.

La pesquisa describe que mientras hasta 2006 la inmigración no dejaba de aumentar, marcando un máximo ese mismo año de 400 000, desde entonces la tendencia se ha invertido. En 2009 solo ingresaron a territorio comunitario 229 000 personas.

El rotativo español, El País, destaca en un articulo titulado: España despoblada, que se prevé la pérdida una décima parte de la población en los próximos 40 años. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en 2022 ya se notará la disminución de la densidad demográfica. Para esa fecha habrá 45 millones de habitantes, en lugar de los 46 millones actuales.

El diario explica que la tendencia se debía al descenso del número de mujeres en edad fértil; sin embargo se reconoce que una causa importante estaba directamente relacionada con el hundimiento del saldo migratorio.

España en cifras

Un artículo publicado esta semana en El País anuncia que España superará los seis millones de parados en 2013 y 2014. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presagia que la recesión se intensificará en 2013 y el desempleo aumentará hasta el 26,9 % y solo bajará un décima en 2014. Para esa fecha las previsiones del organismo apuntan a una reducción mínima, que caería al 26,8% en media anual y al 26,6% al cierre de año.

Unido a esto, se conoce que el 21,1 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. España emite casi cinco mil millones de euros de deuda soberana.

El informe Adiós a las clases medias, elaborado por el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, destacó que la tasa de precariedad se incrementó hasta llegar al 43,7 % de la población. En la actualidad afecta a un total de 20,6 millones de personas.

A finales de 2007, cuando apenas se empezaba a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744 000 menos que ahora.

Lo más increíble resulta, que la tasa de pobreza está disminuyendo entre los mayores de 65 años y por el contrario aumenta entre las personas en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, denuncian organizaciones sociales.

Por su parte, el último estudio del Observatorio Social de España (OSE) indicó que la pobreza infantil se disparó en un 45 % desde el 2007. Esto provoca nuevos escenarios que están relacionados con la malnutrición, la desescolarización y dificultades para acceder a la sanidad.

Redinmigrantes.es puntualizó que el 22,3 % de los estudiantes de nacionalidad latinoamericana de entre 16 y 19 años abandonaron los estudios de forma prematura en 2010. Los expertos explican que las causas se deben especialmente a las dificultades en el cambio de un sistema educativo a otro, las metodologías de trabajo y la falta de control por parte de las familias que deben afrontar largas jornadas laborales.

Un estudio elaborado por Cáritas, organización de ayuda, indica que el número de personas atendidas en 2011 superó la cifra de 1 015 000, publicó el sitio aceprensa.com.

Entre 2007 y 2010 Cáritas ha duplicado la inversión en ayudas económicas directas, alcanzando cerca de 33 millones de euros en 2011. Alimentación, vestido y vivienda son las necesidades más demandadas, seguidas de gastos sanitarios y asuntos legales. Se conoció además que 5 de cada 10 personas acogidas fueron inmigrantes. Un tercio de ellos estaban en situación irregular, en muchos casos producida como consecuencia de la crisis.

En el informe se señala de igual forma, que entre los grupos más afectados están las parejas de jóvenes (de 20 a 40 años) con hijos; así como mujeres solas con familiares a cargo.

Una realidad que deja incertidumbre sobre el futuro de la nación española. Por supuesto, dentro de esa sociedad los inmigrantes son los más afectados. Aquellos que llegaron a Europa tras el sueño de una vida mejor ahora temen por el futuro de sus hijos.