Tan extraño: Trump en salmuera

A diferencia de la intromisión judicial norteamericana para a$e$orar a jueces y fiscales latinoamericanos que han llevado espurios procesos contra Luis Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández y Pedro Castillo, e intentaron hacerlo con el controvertido Nayib Bukele, el abierto hace unos días para enjuiciar al expresidente Donald Trump no es una puesta en escena publicitaria a favor del imputado, sino una manera para tratar de sacarlo de la carrera política.

Y repetimos «tratar» porque, independientemente de que es la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal, la acusación o condena NO impediría legalmente que el político republicano se postule nuevamente a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los criterios que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente. 

De todas maneras, no es un paripé para que Trump emerja triunfante de 34 cargos que se le imputan y suene más fuerte su aspiración a reelegirse presidente en el 2024, aunque medios amarillistas de esa nación destaquen los detalles extramatrimoniales del susodicho con una estrella de la pornografía, a quien le dio 130 000 dólares para que no hablara de ello.

Pero esto en «Yanquilandia» no constituye nada nuevo, como el affaire de William Clinton con la becaria Mónica Lewinsky, lo cual, a pesar de lo enfermizo, fue un factor importante para lograr la reelección presidencial.

No es cualquier cosa

El fiscal del distrito de Manhattan, Elvin Brags, reveló a The Associated Press que, entre otros muchos cargos, Trump fue imputado por «falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información perjudicial y actividades ilícitas a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones del 2016».

Durante las elecciones, «Trump y otros emplearon un esquema de "atrapar y matar" para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él e impulsar sus perspectivas electorales», destacó.

Posteriormente, el exinquilino de la Casa Blanca habría hecho «todo lo posible para ocultar esta conducta, realizando docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar la actividad criminal, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales.

«Manhattan alberga el mercado empresarial más importante del país. No podemos permitir que las empresas de Nueva York manipulen sus registros para encubrir conductas delictivas», expresó Brags. 

Según describe la Declaración de Hechos, el rastro del dinero viola una de las leyes comerciales básicas y fundamentales de Nueva York. «Hoy mantenemos nuestra solemne responsabilidad de garantizar que todo el mundo sea igual ante la ley», agregó.

Los cargos están relacionados con un pago de unos 30 000 dólares a un portero que intentaba vender información sobre un hijo que Trump engendró fuera del matrimonio; 150 000 dólares a una mujer que alegó haber mantenido una relación sexual con el expresidente, y el mencionado pago de 130 000 dólares a la exactriz de cine para adultos Storni Daniel.

«No se trata solo de un pago», aclaró Brags en una rueda de prensa tras la audiencia. «Se trata de 34 registros de negocios. 34 declaraciones falsas y registros de negocios. Estaban ocultando una conducta criminal», aseveró.

Según Microsoft News, si Trump es declarado culpable de cada uno de los cargos, los cuales equivalen a cuatro años de prisión cada uno, conllevaría una pena máxima de más de 136 años, según la legislación neoyorquina. Sin embargo, la pena real, de ser declarado culpable en un juicio, sería casi con toda seguridad muy inferior a esa cifra.

Todd Blanche, abogado de Trump, declaró que el expresidente estaba «frustrado» y «molesto». Además, acusó al fiscal del caso de convertir un «asunto completamente político» en una «acusación política».

Aliento a contrarios

Sacar a Trump de la carrera presidencial es algo que no solo agradaría al actual mandatario, Joe Biden, quien dice que se volverá a postular, sino a un grupo de aspirantes republicanos.

Entre ellos descuella una vez más Ron DeSantis, gobernador de Florida, popular entre la gusanera latinoamericana, especialmente la anticubana, por sus políticas radicales, incluida la de incentivar el porte de armas, algo que, sin dudas, levantará aún más las entradas económicas de la Asociación Nacional del Rifle, toda una burla a los sangrientos sucesos que a diario ocurren en la Unión, con un gran número de víctimas infantiles.

DeSantis firmó una ley que permite que los habitantes de Florida podrán portar armas ocultas sin licencia, lo cual se considera en esa nación un triunfo legislativo, al tiempo que prepara su campaña presidencial.

Ya no será necesario entrenamiento alguno ni revisión de antecedentes para portar armas en público. La ley entra en vigor el 1 de julio.

Los argumentos en torno a la ley se ajustaron a las líneas partidistas. Los republicanos sostienen que las personas sin antecedentes penales deben tener el derecho de portar armas y protegerse. Afirman que la gente, de todas maneras, querrá obtener una licencia, ya que ello les permitirá llevar el arma oculta en otros estados y comprar armas sin un período de espera.

Sin embargo, los demócratas —señalando tiroteos masivos en Florida como la masacre en el club Pulse, en Orlando, en el 2016, y la de la escuela Marjor Tonema Douglas, también en Orlando, en el 2018— dicen que la nueva ley solo hará más peligroso al estado.

Casi tres millones de habitantes de Florida tienen licencia para llevar un arma oculta. Si bien seguirá siendo obligatorio un período de espera de tres días y una revisión de antecedentes para quienes deseen comprar de un vendedor autorizado, no será requisito para transacciones privadas o canjes de armas.

DeSantis ha declarado que él cree que Florida debería ir aún más lejos y permitir que la ciudadanía porte armas abiertamente.

La firma de la ley tiene lugar exactamente cinco años después de que el entonces gobernador, Rick Scott, también republicano, aprobó restricciones a la tenencia de armas, luego de la masacre de 17 personas en Orlando. Con DeSantis, las políticas son a favor del derecho a tener y portar armas, en vez de limitarlo.