Necesaria una nueva Justicia argentina

Mientras decenas de miles de argentinos y presidentes, personalidades e instituciones progresistas latinoamericanos exteriorizan su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el repudio a la corrupta Justicia, cuyo principal representante, Diego Luciani, le pide una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación política de por vida por un delito no demostrado ni cometido, el senador republicano de lamentable origen cubano, Ted Cruz, exigió al gobierno de Estados Unidos que la sancionara por los hechos de corrupción que tratan de endilgarle.

La diatriba de Cruz recibió el respaldo del hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lo cual provocó la respuesta del canciller argentino, Santiago Cafiero, quien expresó que uno es tan ignorante como el otro. 

«Cristina está sometida a una persecución judicial impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de Argentina», expresó, mientras el embajador de la nación suramericana en Washington, Jorge Arguello, describió acertadamente al legislador «gusano»:

«Ted Cruz es un senador con algunas características peculiares. Es particularmente ruidoso y polémico, con un estilo que tiende a buscar la notoriedad a partir de intervenciones que generen titulares»… «pertenece al espacio más ultraconservador de todo el espectro estadounidense y tiene desprecio por todo gobierno en el mundo que se sitúe desde el centro hacia la izquierda. Su extremo es tal, que suele calificar a todos, sin distinción e incluyendo a Biden, de "comunistas"».

El diplomático recordó que el senador fue el líder principal de una decena de legisladores para desconocer el resultado de las elecciones presidenciales del 2020, lo que «muestra su posición con relación a la democracia y la elección popular de líderes que no son de su preferencia». Recordó: «fue acusado por Ocaso-Cortez (una legisladora demócrata de origen latino) de “querer hacer que la maten”, producto de su instigación a la violencia el día 6 de enero del 2021, cuando una turba ingresó por la fuerza al Congreso de Estados Unidos».

Lo que quieren olvidar

En un extenso y explicativo comentario, el «objetivo» The New York Times admite que es justo el intento del presidente Alberto Fernández de reformar el sistema judicial argentino, algo que ha intentado desde que llegó a la presidencia.

Pero el diario también alude a numerosos motivos por los cuales afirmó que ello fracasará, porque trata de politizar tal cambio, al incluir figuras que son favorables al peronismo, y no explica el por qué hay que mantener a figuras muy ligadas al anterior régimen de un presidente que endeudó al país hasta la médula sin consultar al Congreso y no se le ha abierto ni un solo caso por corrupción, además de permitir la fuga de capitales y dilapidar más del 90% de los recursos concedidos por el Fondo Monetario Internacional a instancias del entonces presidente Donald Trump.

Asimismo, dos integrantes del Tribunal Oral Federal Nº. 2 de Comodoro Py que actúan en la causa contra Cristina, buscan liberar a un genocida que cometió delitos de lesa humanidad. Se trata de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quien juega regularmente al fútbol junto al fiscal Diego Luciani en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri.

Es que ambos letrados concedieron la excarcelación de Alfredo Omar Feito, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo ABO, conformado por los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. Se comprobó que este circuito represivo funcionó desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979.

El represor perteneció al Batallón 601 de Inteligencia desde diciembre de 1976. En el mes de mayo del 2012 fue condenado a 10 años de prisión en la causa que se conoció como Contraofensiva Montonera y que juzgaba la desaparición de seis personas. 

Un mes más tarde del anuncio de su condena, al genocida lo acusaron con más de 116 casos en el segundo tramo judicial de la causa Atlético-Banco-Olimpo y lo condenaron a 18 años de prisión común y efectiva. Además, se confirmó su participación en secuestros, interrogatorios y en aplicación de tortura. Los testigos recordaron que Feito aseguraba que los miembros del grupo de tarea eran «una máquina aceitada y engrasada, lista para matar». 

Giménez Uriburu y Gorini, que quieren meter presa a Cristina, concluyeron que los tipos de crímenes de lesa humanidad no constituyen un motivo para evitar decidir una excarcelación.

Necesidad de la reforma judicial

Una reforma judicial es necesaria. Las estadísticas del Poder Judicial recuerdan la rampante impunidad en Argentina. Por ejemplo, apenas el 2% de los investigados por la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires llega a afrontar un juicio oral. Y menos del 1% termina condenado.

Desde 1947, los miembros de la Corte Suprema presentaron la renuncia masiva o fueron destituidos solo ocho veces. En un país caracterizado por la inestabilidad, la corrupción y la impunidad, es esencial darle certidumbre al Poder Judicial y elegir a los nuevos jueces por su idoneidad. 

Para lograrlo se necesita un Consejo de la Magistratura más eficiente y transparente. Eso pasa por eliminar la discrecionalidad política, el «amiguismo» y el contubernio que hace que no siempre los mejores postulantes ganen los concursos y que los jueces que garantizan la impunidad continúen en sus cargos.

Y es que la judicatura argentina está al servicio de los intereses de Washington, no solo en este caso montado contra la que le resulta molesta, Cristina, sino también por el del avión venezolano retenido injustamente, y que requeriría un comentario aparte.