Keiko en grave apuro

Algunos de sus admiradores ya la habían comparado con Javier Milei antes de que este fuera electo presidente de Argentina, en tanto la respaldaban para que se presentara por cuarta vez como candidata a la Presidencia de Perú.

Pero al parecer tendrá que esperar, porque el mismo día, este viernes primero de diciembre, en que se le negara el indulto a su padre, el exdictador y criminal Alberto Fujimori, a Keiko le abrieron una nueva causa por lavado de dinero y otras triquiñuelas válidas para estar por lo menos 30 años tras las rejas.

Keiko, avezada, ya conoce la prisión, aunque temporalmente, pero ahora parece -solo parece- que la causa que le imputan se basa en pruebas que aún no ha podido borrar, tiene implicaciones con el partido que dirige, Fuerza Popular y no podrá utilizar a su nueva amiga Dina Boluarte (quien antes le pedía la cabeza), porque ésta está acusada de crímenes contra pacíficos manifestantes y solo se mantiene en el poder gracias al apoyo de Estados Unidos.

Esta vez, subrayamos, la cuestión es más grave para Keiko, porque hay pruebas que han fundamentado que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú haya dictado auto de enjuiciamiento contra la dirigente conservadora peruana por financiación ilegal de sus campañas presidenciales del 2011 y el 2016.

La tres veces candidata presidencial enfrenta acusaciones por delitos que incluyen organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El pliego de cargos por delito de lavado de activos y organización criminal incluye a un total de 38 personas físicas y dos personas jurídicas: el partido político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces, de Mark Vito Villanella.

En esta causa, conocida como Cocteles, también están imputados otros dirigentes de Fuerza Popular, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, para quienes se piden penas de 30 años y 10 meses de prisión, mientras que para otros 32 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.

El juez titular del juzgado, Víctor Zúñiga, de quien se dice es incorruptible, declara así la "validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida".

En fin, en menudo lío están Keiko y su Fuerza Popular por la captación irregular de fondos para financiar sus campañas electorales. Entre las aportaciones investigadas están un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y un “aporte” de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.

“COCTELES”

"Me han comentado que han llegado cientos de personas para este último cóctel, por si acaso, la entrada, la colaboración de las personas que asisten es de 500 dólares. Así es que va a ser muy importante para, justamente, el financiamiento en estos últimos días que nos queda de campaña", expresó Keiko Fujimori en mayo del 2016, recuerda la agencia noticiosa Andina.

Keiko asistía a la última de una serie de cenas organizadas por el partido político Fuerza Popular con el propósito de recaudar fondos para su campaña electoral. Estas reuniones fueron denominadas por el Ministerio Público como el caso 'Cocteles'.

El caso se remonta a las campañas electorales de 2011 y 2016, años en los cuales Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta, aunque fue derrotada por Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente. Cabe precisar que ambos exmandatarios hoy en día son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con actos de corrupción.

En ambas contiendas electorales, Fuerza Popular llevó a cabo los llamados ‘cocteles’, eventos de recaudación de fondos que consistían en lujosas cenas, con la posibilidad de acceder, subrayo,  mediante el pago de hasta 500 dólares por invitación.

La Fiscalía sostiene que otra estrategia para disfrazar el presunto financiamiento ilícito fue el denominado ‘pitufeo’ o fraccionamiento de los aportes en montos más pequeños, aparentemente realizados por distintas personas. Esta táctica se habría empleado con la finalidad de evitar llamar la atención de los mecanismos de control en el sistema bancario.

En octubre del 2018, Keiko Fujimori tuvo que afrontar una detención preliminar y posteriormente una solicitud de prisión preventiva debido a los cargos en su contra.

El juez Richard Concepción Carhuancho desestimó los argumentos presentados por la defensa de Fujimori Higuchi:

"Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi, por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado".

Keiko Fujimori permaneció en prisión 13 meses, ya que una decisión del Tribunal Constitucional anuló la medida coercitiva. Sin embargo, en enero de 2020, regresó a la cárcel después de que el juez Víctor Zúñiga argumentara la existencia de un riesgo de fuga: "Impongo prisión preventiva por el plazo de 15 meses a la investigada que Keiko Sofía Fujimori Higuchi".

Esa vez, su permanencia fue más corta, ya que tres meses después logró otra nueva excarcelación tras presentar una apelación.

El mismo día en que Keiko Fujimori enterró a su madre recibió una de las peores noticias posibles para su defensa judicial y para su futuro próximo: el fiscal José Domingo Pérez comenzó a sustentar las 1 900 pruebas que ha reunido en su contra. Las mismas evidencias con las que el irreductible fiscal está dispuesto a encerrarla durante 30 años.

La hija del dictador regresa de esta forma a su calvario judicial después de casi un año y medio de paréntesis, que además ha coincidido con el adiós de Susana Higuchi. Las dos primeras damas de Alberto Fujimori, madre e hija mayor, compartieron las últimas semanas de su vida tras años distanciadas.

HONROSA EXCEPCIÓN

Higuchi rompió todos los moldes conocidos de primeras damas del continente cuando en 1992 se atrevió a denunciar la corrupción en el seno de la familia de su marido. La respuesta de Alberto Fujimori y de su alter ego, Vladimiro Montesinos, fue contundente: calabozo, torturas y divorcio. Y lo que vino después fue el apartheid social y familiar, repudiada también por la maquinaria del poder fujimorista.

La también ingeniera no se arredró, acusó a su hija de no apoyar sus denuncias y se presentó a las elecciones del 2000 al frente del Frente Independiente Moralizador para convertirse en diputada.

Lo que vino después forma parte de la historia de Perú, desde la caída y cárcel para su marido como los tres fracasos por un puñado de votos de su hija en la carrera presidencial. Al final, el tiempo volvió a unir a las dos mujeres, incluso se vio a Higuchi en uno de los actos electorales de Keiko.

Son precisamente los manejos de la primera campaña electoral de Keiko, en el 2011, los que provocaron que estuviera en prisión preventiva durante 15 meses. Ahora, acabada la pelea electoral, la maquinaria judicial se ha vuelto a poner en marcha, con el fiscal Pérez empeñado en demostrar que Keiko encabezó una organización criminal dentro de Fuerza Popular.

Entre los aportes exorbitantes recibidos de los empresarios destaca uno sobre los demás, según el Ministerio Público: la empresa constructora Odebrecht. El fiscal Pérez ha logrado desembrollar la madeja financiera, la misma que con transferencias bancarias convertían el dinero en cheques y luego en efectivo para entregárselo a Jorge Barata, el director ejecutivo de Odebrecht en Perú.

El Ministerio Público posee las pruebas de que en los meses previos a la primera vuelta electoral la empresa brasileña realizó 21 operaciones de pago de activos por más de tres millones de dólares.

Los brasileños no son los únicos que integran la trama de supuesta financiación ilegal, que incluye al banquero Dionisio Romero, a un empresario chileno y a un investigado por narcotráfico. Entre las 1 900 pruebas contra Keiko también figuran los acuerdos de colaboración de Odebrecht, tanto en Brasil como en Perú.

El objetivo de todos ellos era evitar el triunfo del izquierdista Ollanta Humala para así obtener beneficio en un gobierno fujimorista. El entramado creado iba mucho más allá, según las evidencias aportadas por un testigo protegido. Con la intención de protegerse, Fuerza Popular avanzó pactos con el Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a jueces y fiscales dispuestos a apoyar su causa.

NADA NUEVO

Los apuros judiciales de alguien tan poderoso como Keiko no son una novedad, ni mucho menos, en Perú. Su padre permanece en prisión desde el 2006 (con 10 meses en libertad por el indulto que le concedió Pedro Pablo Kuczynski, anulado por el poder judicial) tras cinco sentencias condenatorias.

Otros ex presidentes como el propio Kuczynski y Humala también estuvieron entre rejas, mientras Alejandro Toledo espera su extradición desde Estados Unidos. En dificultades se mantienen todavía Manuel Merino y Martín Vizcarra. Dramática fue la decisión que tomó el aprista Alan García: se suicidó antes de ser detenido.