Boluarte: Aún más a la derecha

Los recientes cambios ministeriales en el gobierno peruano, el intento de tratar de pasar por alto la extensa hoja de corrupción que permea a elementos de su gabinete y embarran al ejército son aspectos puntuales en el mandato de la presidenta interina peruana, Dina Boluarte.

Lo más notorio, a mi entender, es la sustitución de cuatro ministros que no tenían nada de progresistas por otros que coquetean con la ultraderecha, algunos de los cuales tienen causas pendientes con una justicia que no influye en nada cuando la oligarquía interviene.

Así, los cuatro cambios ministeriales que realizó el martes la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ya generan múltiples reacciones en la nación latinoamericana, donde se han manifestado sobre estas modificaciones, particularmente en las carteras de Economía, Defensa y Energía.

Alex Contreras, de Economía y Finanzas, fue reemplazado por José Arista; y Oscar Vera, de Energía y Minas, por Rómulo Mucho Mamani. Mientras que, en Defensa, Jorge Chávez Cresta fue sustituido por Walter Astudillo Chávez; y en Ambiente, la designada es Albina Ruiz.

Arista, quien ha desempeñado diversos roles claves en el Estado, fue apuntado este miércoles como "uno de los economistas más preparados" del Perú.

Así lo calificó David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, al considerar su llegada como "fundamental para sacar" al país andino "de la sala de emergencia en el que han dejado la economía".

Pero, por supuesto, obvió que Arista es indagado por los delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad, por lo cual tiene cinco carpetas fiscales abiertas, apuntó Efe.

La bancada de izquierda repudió los cambios ministeriales y los tildó de "simples maniobras para distraer y reducir las tensiones ante la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la continua represión al pueblo".

"No se trata simplemente de cambiar personas, sino de un problema de dirección gubernamental", expresó la agrupación en un comunicado suscrito por su portavoz, Margot Palacios.

El congresista, Wilson Quispe, de Perú Libre, fue más allá, recogió AFP, al señalar que quien debe "irse es el genocida y asesino" de Alberto Otárola, titular del Consejo de ministros.

Es una referencia a las decenas de muertes ocurridas en Perú de diciembre de 2022 a marzo de 2023, cuando miles de personas protestaron contra Boluarte y el Parlamento en su afán de procurar un adelanto de elecciones.

En una línea similar se expresó el legislador no agrupado Carlos Anderson en el programa 'Octavo Mandamiento' de Canal N. "El que tendría que haber salido, pero volando, es el señor Otárola, un primer ministro que tiene un dígito de popularidad, que no da confianza", comentó.

El columnista y director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur, publicó un artículo titulado 'Gobierno se inclina a la derecha' en el que analizó el "relevo ministerial parcial".

"Las designaciones de Arista y Mucho revelan claramente una mayor inclinación hacia esquemas reinversión privada de la que existía con sus antecesores", escribió Tafur. "La derecha se asoma con más fuerza como el camino que parece elegir el gobierno para recorrer el trance de acá al 2026", agregó.

Este periodista coincidió con la opinión de analistas y políticos que consideran la existencia de una alianza tácita entre el Ejecutivo y el fujimorismo para mantenerse en el poder, en el Gobierno y en el Congreso, respectivamente, hasta los próximos comicios generales pautados para celebrarse en dos años.

CORRUPTELA MILITAR

El tráfico de armas y combustible, además de la matanza de civiles, son los escándalos que embarran al Ejército de Perú. 

En medio de varias revelaciones sobre tráfico de armamento y de combustible, el ministro de Defensa Chávez Cresta dijo a la emisora local Exitosa que las Fuerzas Armadas detuvieron a un técnico del Ejército "que ha sido proveedor de armas" en el distrito de La Victoria, departamento de Lima.

El ministro expresó su "indignación" por lo sucedido e indicó que el oficial será dado de baja. "Debe ser tratado como un delincuente, le vamos a dar todo el peso de la ley e irá al Ministerio Público", comentó.

A su vez Rossia Today recordó que desde que estalló la crisis de seguridad pública en Ecuador, en enero pasado, Perú ha sido mencionado en diversas ocasiones por el contrabando de municiones. 
Recientemente, la Policía admitió que un arma peruana fue usada en el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio.

En este contexto, Chávez aseguró que en Ecuador "no hubo presencia de armamento ni munición" procedente de Perú, aunque admitió que sí se registraron "explosivos de procedencia peruana", que no son producidos por las Fuerzas Armadas.

En Perú ya realizan una auditoría. Mientras tanto, el ministro de Defensa mencionó "presuntas irregularidades en pérdidas sistemáticas de granadas, de munición", aunque dijo que "no se ha podido determinar de armamento, porque está en investigación".

"Existe una probabilidad y una posibilidad de que haya tráfico y contrabando desde Perú a Ecuador, no lo podemos negar", sostuvo Chávez.

El titular de la cartera de Defensa también respondió sobre el reportaje del dominical 'Panorama', en el que se desveló que un comandante del Ejército, de nombre Jimmy Grandez, habría ordenado extraer combustible de los vehículos militares para luego venderlo.

El funcionario reconoció que, apenas el programa le avisó el sábado de lo que iban a difundir al día siguiente, se tomaron las medidas correspondientes y Grandez fue separado de su cargo.

La información inicial implica a 12 militares en la compra de combustible, en un caso bautizado por la prensa como 'gasolinazo'. "La responsabilidad directa es del comandante, pero también se traslada al nivel de inspectoría, que debió haberlo detectado y no llevó a cabo las acciones que debió hacer en su momento", añadió Chávez.

LA MASACRE DE AYACUCHO

Chávez juró como ministro de Defensa el 21 de diciembre de 2022, una semana después de que se registrara una protesta antigubernamental en la región de Ayacucho, donde murieron 10 personas y están señalados miembros del Ejército.

En mayo de 2023, la CIDH consideró que esos hechos, "al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre".

Interrogado al respecto, el funcionario contestó que no le "corresponde pronunciarse sobre un hecho que está en investigación", pero aseveró que han "proporcionado toda la información y todas las facilidades al Ministerio Público".

Lo que sí manifestó -dice el órgano informativo ruso- es que han aplicado "todos los procedimientos para que hechos de esa naturaleza no se vuelvan a presentar y no vuelvan a ocurrir".