Argentina-Perú: Justicia ineficiente y corrupta

Los casos de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y el presidente Pedro Castillo y su familia en Perú demuestran la corrupción que dimana de lo que llaman Justicia, sostenida por una oligarquía e intereses que para nada benefician al pueblo.

Algunos medios bonaerenses coinciden en señalar el rechazo de gran parte de la población al intento judicial de tratar de meter a prisión a la exmandataria, lo cual no es similar en Perú, por la colusión de quienes controlan los medios y tratan de hacer ver que es natural que se meta en prisión a Castillo y su entorno familiar.

En Argentina es evidente el maridaje de la Fiscalía con el macrismo, que tanto daño ha hecho a la nación, endeudándola de por vida, sin que se responda judicialmente a ello. En Perú, la oligarquía tiene una meta clara: encerrar a Castillo y a toda su familia, mientras el gran público es distraído por los dimes y diretes entre el Ejecutivo y un legislativo controlado por la reacción.

Este lunes 22 de agosto, el fiscal Diego Luciana, extremadamente ligado a Mauricio Macri, pidió 12 años de prisión| y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Fernández de Kirchner en la llamada causa Vialidad, que investiga supuestos casos de corrupción en la obra pública. 

A Cristina, que nunca tuvo que ver con esa cuestión, como asegura el presidente Alberto Fernández, se le señala asociación ilícita agravada en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública entre los años 2007 y 2015, cuando fue presidenta del país.

La hoy vicepresidenta, desde el Congreso, dijo que el juicio empezó con una "ficción" y que tenía un guion "bastante malo, por cierto, además de falso". Afirmó que el "sistema de justicia permite violar todas las normas" y que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado".

Ya Cristina había criticado la decisión de la Fiscalía del lunes, afirmando que no estaba "ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial".

Además de enumerar acusaciones contra fiscales y políticos, dijo que las causas como la que le siguen disciplinan a los políticos. "Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares (...) a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública", e hizo hincapié en ese punto: "La obra pública, sí, la obra pública fue una formidable gestión de Gobierno".

Al respecto de la gestión, dijo: "Piden 12 años, porque fueron los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas".

Y terminó su mensaje con una advertencia: "No vienen por mí, vienen por ustedes. Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento, vienen por eso".

“Estuvo espléndida”, reveló el Presidente a su círculo íntimo.

Todo esto ocurría, mientras miles de personas exteriorizaban en Buenos Aires y otras ciudades su respaldo a la vicepresidenta y se daba a conocer una encuesta en que se señalaba que la Justicia era la institución más corrupta de la nación, con el 70% de los encuestados, seguida de la Policía, con el 65%.

La acción contra Cristina se inscribe en las aún recientes componendas judiciales que llevaron a la prisión a Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, para impedir que lograra la presidencia y favorecer al actual mandatario, Jair Bolsonaro; el encerramiento del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (en mal estado de salud), y exiliar a Rafael Correa, quien condujo durante diez años la Revolución Ciudadana en Ecuador.

Esa Justicia argentina también retiene ilegalmente a un avión comercial venezolano, a petición de un tribunal norteamericano.

IGUAL FÓRMULA EN PERÚ

El barraje de la derecha contra gobiernos considerados progresistas se ha hecho latente en Perú desde el inicio del mandato de Pedro Castillo, a quien no han dejado virtualmente gobernar, mientras la Fiscalía le ha abierto seis causas judiciales y envuelve en falsos alegatos y acusaciones al entorno familiar, al involucrarlos en la creación de una organización de carácter criminal.

Algo inverosímil que haya ocurrido en tan poco tiempo en una familia que vive modestamente, pero nada es obstáculo para unos medios controlados por el poder económico y financiero que se siente amenazado por un gobierno que combate los monopolios y oligopolios.

Si en Argentina la cabeza de la Justicia obedece al macrismo, en Perú ha sido impuesta la fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, quien investiga al presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de diversos delitos.

Benavides es señalada de haber infringido los artículos 146 (numerales 2 y 3) y 159 (numeral 2) de la Constitución Política del Perú, al cometer los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en agravio del Estado.

Y es que removió, de manera abrupta y prepotente, a la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales, quien estaba a cargo de la investigación de la juez superior Emma Benavides Vargas, hermana de la Fiscal de la Nación.

Asimismo, retiró al fiscal Pablo Sánchez de la coordinación del equipo especial que se encarga de investigar el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", y en su lugar designó a Jorge Luis Díaz Cabello, fiscal superior provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro.

O sea, y como ha hecho en otras ocasiones, prefiere designar en reemplazo de un fiscal supremo titular a uno provincial, al que podría sacar más fácilmente cuando se le ocurra.

Además, Benavides ha expresado abiertamente que su principal misión es aprehender a un presidente acusado de crear una organización criminal, en que, asegura, está involucrada su familia. 

Toda una violación de la ley, lo que ha hecho que la bancada del partido de izquierda Perú Libre solicitara que se le imponga a la Fiscal de la Nación una sanción de inhabilitación de la función pública por ocho años y se le destituya de su cargo actual.

En medio de esta grave situación de abierta ilegalidad, la cuñada del mandatario, Jennifer Paredes, está acusada de los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada, por lo que podría recibir una pena mínima de 23 años, según el fiscal Jorge García Juárez, del pomposamente llamado Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que dirige Benavides.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal explicó que, según la tesis del Ministerio Público, Jennifer Paredes sería la "lobista" y Lilia Paredes, la esposa del Presidente, la coordinadora, todo lo cual fue calificado de superficial por la defensa, que apuntó que nada de la acusación se podía sostener. 

UNA GRAN MAFIA

En declaraciones al diario Expreso, el analista político Agustín Figueroa consideró que los esfuerzos actuales por combatir la corrupción son insuficientes, criticó severamente a la justicia peruana y rechazó que empresas como Odebrecht aún mantengan poder en el país. 

Figueroa manifestó que el Estado y la justicia peruana son “blandos” y rechazó que la constructora brasileña continúe contratando con Perú. Al ser cuestionado si es que considera que la justicia peruana es selectiva, Figueroa fue más allá y afirmó que “la justicia en el Perú es ineficiente y corrupta”.

Y argumentó su postura, señalando que “distintos casos (judiciales) tienen distintos tiempos: no es lo mismo el fiscal que ve el asunto de Keiko Fujimori con el que ve el de Alan García o el que ve el de Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Es una falacia”.

“Ahora solo nos estamos fijando en una cosa pequeñísima y no en todo el universo de corrupción”, indicó el especialista, asegurando que ello es consecuencia del subdesarrollo político.

“Básicamente hay que hacer un proceso de purificación del sistema, y eso es más que estas cosas anecdóticas que estamos intentando ahora”, agregó, y expresó al respecto que una reforma debería pasar por un proceso en el que se den nuevas leyes y se corrija el sistema electoral, que, a su parecer, es dirigido por magistrados.

“El sistema de justicia es un gran poder que se ha transformado en una gran mafia”, reiteró. Figueroa destacó además que llama la atención que gente de alto nivel, con acusaciones graves y pruebas contundentes, no esté presa.

Finalmente, afirmó que el hecho de que algunos políticos o fiscales sean acusados “no quiere decir que se está venciendo la corrupción”; añadió que “Odebrecht sigue siendo fuerte” y aseguró que "hay un montón de empresas brasileñas incluidas” que “aún no son tocadas".

Frente a esto, el analista instó a los políticos a no enfocarse “solo en lo pequeño” y tomar el asunto con mayor seriedad, dejando de lado el debate entre el Ejecutivo y el Legislativo.