Vicepresidenta argentina denuncia Estado paralelo y mafia judicial

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, denunció hoy la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
 
Mientras organizaciones sociales rechazaban la persecución en su contra, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la también titular del Senado a seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003-2015, hechos que Fernández rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.

Como dije en 2019, la condena estaba escrita, aseveró la exjefa de Estado y recordó que el juez Julián Ercolini, quien instruyó el proceso, se declaró incompetente años atrás y remitió el caso a ese territorio, donde fue sobreseído.

El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) resucitó la causa como por arte de magia y Ercolini la trajo de vuelta. Me procesan por administración fraudulenta, pero, de acuerdo con la Constitución, el Presidente no es responsable de la administración y ejecución del presupuesto, lo cual está a cargo del jefe de Gabinete, explicó Fernández.

A lo largo del juicio probamos que no sancioné leyes ni manejé nada. Eso es responsabilidad del Congreso. Demostramos que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en su alegato histriónico eran ciertas, a punto tal que cuando les tocó replicar los hechos, documentos, pericias y testimonios, no pudieron, añadió.

Fernández aseveró que esta no es una condena por la Carta Magna, las leyes administrativas o el Código Penal, sino que tiene su origen en un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales.

Ingenuamente hablé de lawfare, pero esto no es persecución judicial, es un Estado paralelo y una mafia, aseveró.

Además, denunció los vínculos de jueces y fiscales con Macri y la participación de Ercolini y otros funcionarios en un viaje privado pagado por el Grupo Clarín.