Se manifiestan miles contra política económica de Milei

En un claro desafío al nuevo protocolo de seguridad del gobierno de Argentina que prohíbe los cortes de calles, miles de personas convocadas por organizaciones políticas y sociales izquierdistas se manifestaron ayer en Buenos Aires, en la primera protesta contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

Enfrentamiento entre manifestantes y efectivos

Manifestantes y efectivos de seguridad se trenzaron en un breve choque a golpes de puño y empujones en una avenida capitalina donde los primeros se habían congregado para iniciar su marcha hacia la Plaza de Mayo, destino final de la movilización.

Una columna encabezada por dirigentes políticos de izquierda ocupó esa y otra vía cercana mientras sus integrantes gritaban “la calle es nuestra la p… que te parió” y consignas contra el gobierno. A la vez sostenían sus pancartas en contra del ajuste con el que Milei pretende reducir drásticamente el déficit fiscal.

La policía intentaba reducir el espacio por el cual podían avanzar.

Mientras tanto, Milei monitoreaba la situación desde el departamento de la Policía, acompañado de varios funcionarios de su gobierno.

Protocolo anti protesta

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido previamente que el gobierno estaba decidido a impedir los piquetes en la vía pública, aunque también acotó que éste es el primer día de prueba del nuevo protocolo.

«Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas… Pero las calles no se cortan. Hoy comienza (el protocolo). No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que comienza un camino que es sin vuelta atrás”, aseveró la funcionaria al canal de cable Todo Noticias sobre la prueba de fuego que enfrenta el flamante presidente Milei, un economista de ultraderecha que lidera el partido La Libertad Avanza y llegó a la política hace tan solo dos años.

A 10 días de jurar la presidencia, su plan de ajuste para atajar la inflación de más de 161% anual y enderezar la economía ha sido repudiado por políticos opositores, sindicatos, dirigentes humanitarios y organizaciones sociales que agrupan a desempleados y trabajadores precarios.

El plan incluye una devaluación del peso de más del 50%, el despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía con el subsiguiente aumento de las tarifas.