Juicio político a Lasso, ¿qué sigue ahora?

La votación final del juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, podría tener lugar en la Asamblea Nacional (Parlamento) en unos 10 días aproximadamente, según los plazos vigentes hoy para ese tipo de procedimientos.

Tras la aprobación este martes en pleno del legislativo de una resolución propuesta por la asambleísta Viviana Veloz, con 88 votos a favor, el líder parlamentario, Virgilio Saquicela, dispondrá la difusión de la documentación sobre el caso.

Transcurridas 48 horas y en un tiempo máximo de cinco días, iniciaría como tal el juicio político contra el jefe del Ejecutivo, quien tendrá derecho a la defensa por tres horas.

También la acusación podrá presentar sus argumentos, en este caso las pruebas del presunto delito de peculado, y los 137 miembros de la Asamblea podrán hacer uso de la palabra por 10 minutos cada uno.

Probablemente sea una sesión extensa, e incluso pudiera durar más de un día.

Sin embargo, no será inmediatamente después de las intervenciones que se someterá a votación la posible censura al mandatario, sino cinco días después de concluido el debate.

Para destituir al presidente serán necesarios 92 votos, o sea, una mayoría calificada.

Si bien el Gobierno insiste en la inocencia de Lasso, la asambleísta Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, explicó a Prensa Latina que sí existen pruebas de la responsabilidad política de Lasso.

Existe el contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker en el cual está basada la denuncia, así como tres informes que indican el perjuicio para el Estado del convenio mencionado, apuntó Garzón.

Subrayó que a pesar de todo, el presidente y su delegado, Hernán Luque, quien lideró el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, aceptaron prorrogar el convenio de Flopec.

Eso indica la responsabilidad política por el delito de peculado de la máxima autoridad del país, mientras la cuestión penal está en manos de la justicia, puntualizó la legisladora.

El proceso de juicio político tiene lugar en un contexto de rechazo popular a la gestión del presidente, a quien recientes encuestas le atribuyen más de un 80 por ciento de desaprobación entre los ecuatorianos.