Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto Evo Morales Ayma por los delitos de "terrorismo" y "financiamiento al terrorismo", en el marco del llamado "caso audio".

La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales, porque "se evidenció" que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se coordinó con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.

Desde finales de noviembre de 2019, las autoridades bolivianas difundieron el audio de una conversación entre Morales y Yucra, en donde el presidente depuesto presuntamente daba indicaciones sobre cómo debían organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

"Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo", decía una voz que se atribuyó a Morales.

De acuerdo con la Fiscalía de facto, en distintas conversaciones realizadas el 12, 14 y 17 de noviembre de 2019, Morales instruyó al dirigente cocalero a "cometer actos ilícitos".

La Fiscalía boliviana de facto señaló que, tras la "pericia en audiología" solicitada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, se tuvo como resultado que "las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma".

Con estas pruebas preliminares, la Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva de Morales, quien se encuentra actualmente exiliado en Argentina.

Hasta el momento, Morales no ha respondido a la imputación de la Fiscalía de facto.

"Uso abusivo de la justicia"

No obstante, el domingo 5 de julio, Morales denunció en su cuenta de Twitter el "uso abusivo de la justicia" por parte de la derecha boliviana "con el fin de inhabilitar candidatos y proscribir" a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En los últimos meses, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien es favorito en los sondeos de cara a los comicios del 6 de septiembre, denunció un plan del Gobierno de facto, dirigido por Jeanine Áñez, para impedir su participación en las próximas elecciones generales.

"Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan", señaló en Arce en su cuenta de Twitter, después de que la Gestora Pública, instancia que administra los fondos de la renta de vejez de los bolivianos, presentó una denuncia contra él por la presunta compra de un software inexistente con sobreprecio para esta entidad, cuando el también exministro de Economía era presidente de dicho directorio.