Cuba entre los países de avanzada en la garantía de los derechos humanos

Cuba entre los países de avanzada en la garantía de los derechos humanos
Fecha de publicación: 
6 Diciembre 2021
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La Constitución de la República del 2019 y la reforma procesal en desarrollo colocan a Cuba entre los países de avanzada en cuanto a garantía de los derechos humanos, en comparación con las legislaciones más modernas, aseguró hoy Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP).

En conferencia de prensa en la sede del TSP en La Habana, el funcionario destacó la robusta reforma judicial y procesal en la nación a partir de varias leyes que desarrollan los preceptos y principios recogidos en la Carta Magna, en los cuales ocupan un lugar protagónico los derechos y garantías.

Recordó que existen 44 tratados internacionales de esta materia vigentes en la mayor de las Antillas, así como otros instrumentos que regulan el tema de los derechos humanos.

Dichas premisas se han fortalecido con la reciente aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Ley de los Tribunales de Justicia, la de Código de Procesos, la de Proceso Penal y la del Proceso Administrativo.

En la Revolución Cubana siempre ha habido una interrelación directa entre el ejercicio de defensa, la protección y el respeto de todos los derechos para todas las personas, subrayó.

Yuri Pérez Martínez, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), insistió en que, con las reformas actuales, no existe ningún segmento de la vida de los cubanos que quede sin protección de sus derechos por los tribunales de justicia.

Añadió que estas normativas complementarias de la Constitución dinamizan y refuerzan el Estado de Derecho y justicia social, con bases en la soberanía popular, la corresponsabilidad entre los individuos, funcionarios y órganos de derecho y la diferenciación de las funciones estatales, siempre en defensa de la dignidad como valor fundamental.

Estos cambios evidencian un panorama jurídico diferente en el país, que buscan, a diferencia de lo que sucedió con la Constitución de 1976, desplegar todas las potencialidades de la Carta Magna vigente, expresó Pérez Martínez.

Mayda Goite Pierre, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la UNJC, señaló que las modificaciones en lo penal se vinculan de manera directa con los derechos y garantías de las personas asociadas a un fenómeno de ese tipo.

En ese sentido, la doctora en Ciencias Jurídicas resaltó la profunda protección a las víctimas en la nueva ley, quienes podrán tener una participación activa en todo el proceso.

De igual forma, hizo alusión a la defensa de la paz social en esta norma, que ampara en mayor medida a aquellos que puedan ser objeto de violencia, mediante la garantía de su seguridad y medidas de distanciamiento del agresor.

Asimismo comentó que los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad que se encuentren en un proceso penal como acusados tendrán un tratamiento diferenciado, en el cual podrán contar con el acompañamiento de sus padres y defensores, la participación de instituciones especializadas y el dictamen de disposiciones alternativas.

También insistió en que a raíz de estas modificaciones jurídicas se refuerza el derecho a la defensa del acusado, el cual podrá hacerse acompañar de su abogado desde las primeras 24 horas de su detención.

En general, la experta reconoció el conjunto de garantías y derechos en esa esfera en el territorio nacional, que continuarán fortaleciéndose con la próxima aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones, dirigida a quienes cumplen sus condenas.

Juan Mendoza Díaz, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la UNJC, destacó en el encuentro que antes no existía este amplio catálogo de garantías, que este surgió del debate popular de investigadores, académicos, instituciones y juristas, y se completará con la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos Constitucionales el venidero año.

El además Premio Nacional de Derecho ejemplificó que una demanda constante de la población era la no existencia de mecanismos de soluciones para lo que ocurría en el ámbito administrativo, y con las nuevas normativas en todas las instancias cualquier decisión de esa índole que afecte a los ciudadanos puede ser llevada a los tribunales.

Mencionó también el escenario de posibilidades que abrirá el nuevo Código de las Familias y el salto extraordinario que se ha dado en relación a los derechos de los trabajadores.

Por último, enfatizó en la diferenciación de quienes comparecen al acto de justicia, con tratamientos especiales a los más vulnerables, dígase menores de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad y otros.

El hecho de que algunas de estas normas procesales entren en vigor a inicios del próximo año es motivo de festejo, pues impactarán positivamente en el empoderamiento de los ciudadanos, acotó.

El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, y este año el lema de la campaña por la fecha es “Igualdad”.

 

 

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