Coleros y revendedores: otra pandemia en Cuba

En el más reciente Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, su presidente, dio a conocer que se implementará un plan para combatir a los coleros y revendedores, el cual será analizado para su posterior aplicación.

   Este tipo de actividad delictiva, comprendida como actividad económica ilícita, acaparamiento y especulación en el Código Penal cubano, ha sido enérgicamente rechazada por el pueblo y las máximas autoridades del país, e incluso Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones recientes.

   Sobre este tipo de actores, el jefe de Estado indicó a los organismos que tienen que ver con este enfrentamiento, actuar de “manera más directa, más precisa, menos tolerante, y que no exista impunidad”.

   En tal sentido, el CDP de este viernes en La Habana fue oportuno para que Torres Iríbar señalara que las medidas con estos sujetos van a seguir siendo severas, y el trabajo en ese sentido no se detendrá.

   También en esa cita, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, alertó a quienes usan sus casas de almacén y a quienes utilizan el transporte para trasladar mercancías de manera ilegal que se van a tomar medidas rigurosas con ellos.

   Este es un fenómeno que preocupa a la dirección del país, de manera que desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 las autoridades competentes han actuado sobre mil 285 de estos coleros, de ellos, 453 recibieron medidas profilácticas, 634 fueron multados y 280 acusados por los delitos de Actividad Económica Ilícita, Desobediencia, Acaparamiento y Propagación de Epidemias.

   De estas acciones, mil 367, la mayoría, han tenido lugar en la capital, y de ellas, el 85 por ciento se concentró en los municipios de Centro Habana, Playa, Plaza de la Revolución, 10 de Octubre, Habana Vieja, Boyeros y San Miguel del Padrón, según informó el Ministerio del Interior (Minint) en su página web.

   La población también ha mostrado desagrado contra los modus operandi de estos actores, ya que estos delitos influyen en el desabastecimiento de los comercios y provocan una alteración en la correcta distribución y consecuentemente, no lleguen a las personas todas las mercancías necesarias para satisfacer sus necesidades.

   “Sabemos que hay productos que el Estado subsidia y es molesto ver cómo te venden un medicamento, alimentos, incluso productos que están normados, y te preguntas cómo es posible que la dirección del país provea y estos individuos lucren con cualquier cosa”, dijo a la Agencia Cubana de Noticias Alfredo Clemente Vedraza Landín, un vecino afectado por la acción de los coleros y revendedores.

   Por su parte, otras provincias del país han reportado enfrentamiento riguroso a ilegalidades de este tipo, pues se ha dicho que el pueblo tiene la obligación cívica de cumplir lo que está establecido y demostrar mayor respeto por el trabajo de las autoridades en la actual situación epidemiológica.

   En abril y mayo, Camagüey estuvo reportando sobre los procesos penales a los que fueron sometidos algunos coleros y revendedores, y las autoridades en ese territorio alertaron que el Código Penal cubano vigente impone sanciones que van de tres meses a un año por desobediencia, actividad económica ilícita, especulación y acaparamiento.

   También en Ciego de Ávila el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Carlos Luis Garrido Pérez, subrayó que aparejado a la tercera fase recuperativa en ese territorio comenzaría la aplicación de algunas de las nuevas medidas económicas acordadas por el país, como la apertura de tiendas que comercializarán en moneda libremente convertible.

   En ese sentido, días antes de decretarse la tercera fase en la provincia, exhortó a enfrentar a los coleros, el mercado ilícito de divisas y los hechos de corrupción con trabajo integrado de todas las estructuras.

   Mientras, en las calles, las autoridades se siguen enfrentando a estas figuras, que se reinventan y encuentran la manera de sacar su beneficio de una crisis nacional, siendo las personas que necesitan los productos las más afectadas.

   Algunos entrevistados por la ACN coinciden en que se deben tomar medidas cada vez más extremas, y sugieren, entre ellas, anotar los números de carnet de identidad, no dejar que los menores de edad compren, identificar a las personas que están siempre en las colas o que vuelven a hacerlas y contar con oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria o del MININT en todos los establecimientos.

   Por ahora, habrá que ver si las medidas que ya se han implementado resultan efectivas, sobre todo para los compradores, y si las nuevas que se irán aplicando terminan por erradicar este tipo de actividad ilícita para que no se convierta en una imagen común en todo tipo de comercios en Cuba.