El portal digital Seatrade Cruise News informó que dos demandantes dieron ese paso legal en el sureño estado de Florida, luego de que un juez federal rechazó ayer una la moción solicitada por otra empresa de cruceros, Carnival Corp., para desestimar una demanda en su contra, también bajo el Título III.

La Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba hace casi 60 años.

Aunque entró en vigor en ese momento, todas las administraciones desde entonces suspendieron la aplicación del mencionado título, el cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes 'trafiquen' con 'propiedades norteamericanas' en la isla caribeña.

A través de tal apartado, que el ejecutivo del republicano Donald Trump decidió activar este año, se da la posibilidad de promover acciones legales contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Uno de los demandantes de este martes es Javier García, quien también presentó en mayo la mencionada reclamación contra Carnival Corp. y ahora da un paso similar contra Norwegian Cruise y Royal Caribbean, con el argumento de que es propietario del puerto de la oriental provincia de Santiago de Cuba.

Asimismo, se interpusieron demandas contra Norwegian Cruise, Royal Caribbean y MSC Cruises a nombre de Havana Docks Corporation, una compañía perteneciente a Mickael Behn que dice ser 'propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales' en el Puerto de La Habana.

Como García, Havana Docks Corporation también presentó una reclamación contra Carnival Corp. el 2 de mayo último, el mismo día en que la administración Trump permitió la activación del Título III como parte de sus políticas de hostilidad contra Cuba.

Esta última línea de cruceros solicitó al juez James Lawrence King desestimar la demanda de García Bengochea, al argumentar que tenía suficiente permiso del Departamento del Tesoro para hacer negocios en la nación antillana, pero en su fallo de ayer el magistrado dijo que 'no estaba persuadido'.

La decisión del Gobierno norteamericano de permitir la aplicación del Título III se dio a pesar de que numerosas voces dentro y fuera de Estados Unidos condenaron esa acción de recrudecimiento del bloqueo, que está dirigida fundamentalmente a privar al país caribeño de inversión extranjera.