Hace dos días, la secretaria en funciones del Departamento norteamericano de Seguridad Nacional, Elaine Duke, instó a casi 50 mil personas a renovar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Existente desde junio de 2012, dicha medida concede protección legal a unos 800 mil jóvenes contra la posibilidad de ser deportados.

También permite a quienes arribaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en su territorio, y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos.

Duke señaló en un comunicado que resulta imperativo recibir físicamente las solicitudes hasta este jueves, cuando cierra el plazo otorgado por el Gobierno, que anunció el fin del DACA el 5 de septiembre último.

Ese día, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, comunicó la decisión y cuestionó además la legalidad del mecanismo aprobado por orden ejecutiva del entonces presidente, Barack Obama, antecesor del actual mandatario, Donald Trump.

Previo al mensaje de Sessions, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional precisaron que no aceptarán nuevas solicitudes de quienes podrían cumplir los requisitos del programa pero no están protegidos hasta el momento.

Asimismo, dieron a conocer que los beneficiarios actuales no se verán afectados hasta el 5 de marzo de 2018, y los poseedores de un permiso que expire entonces podrán solicitar hasta el 5 de cotubre una renovación de dos años.

Hace más de una semana, el Gobierno rechazó ampliar el plazo para dichos pedidos después de la solicitud de esa alternativa por parte de senadores demócratas, quienes argumentaron que los recientes huracanes dificultaron en varios estados el proceso de renovación.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, de los casi 154 mil 200 beneficiarios del programa, cuyo estatus expira en dicho período, a 106 mil el Servicio de Inmigración y Ciudadanía otorgó la actualización.

Trump decidió rescindir el DACA, y dio un plazo de seis meses al Congreso para ocuparse del tema, pero no describió cómo desea que el Legislativo lo haga y dejó en manos de senadores y representantes las determinaciones.

Dos días atrás, la Cámara alta realizó la primera audiencia sobre el tema después del pedido del gobernante, y el titular de su Comisión Judicial, el republicano Chuck Grassley, expresó que el mecanismo era inconstitucional.

'Todos sentimos empatía con los jóvenes que vinieron aquí sin que fuera su culpa. Es hora de encontrar un sendero hacia el consenso. Un plan tiene que incluir una fuerte seguridad fronteriza, y con ello no quiero decir un muro', señaló según reportes de prensa.