Destacan política de tolerancia cero en Cuba ante el narcotráfico

Cuba prosigue hoy su estrategia en la lucha contra el tráfico de drogas a través de una política de tolerancia cero reforzada en la ejecución de las leyes relacionadas con este tipo de delito.

En ese sentido, la fiscal de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR), Mónica Corral, recordó que la nación antillana sigue siendo un país de tránsito y no receptor de estupefacientes.

Esto ocurre -argumentó Martín- por la posición geográfica, que ocasiona que quienes traen las drogas pasen por aquí antes de seguir a otros países que son destino final y de hecho mayores consumidores.

Los delitos relacionados con las drogas tienen varios marcos sancionadores, en dependencia de la peligrosidad social, explicó la fiscal, quien aclaró que el consumo no se sanciona, pues se trata de una persona enferma.

Si alguien es detectado con droga ya se considera tenencia y es un delito, sentenció la jurista en entrevista concedida al diario Juventud Rebelde.

"La tenencia se sanciona con privación de libertad de uno a tres años, cuando se trata de cocaína; y de seis meses a dos años, cuando se trata de mariguana", dijo la funcionaria.

Aunque todas las drogas son perjudiciales, la mariguana es menos dura que la cocaína; por eso sus sanciones son inferiores, apuntó Martín.

"Existe un grupo de medicamentos con efectos similares a la droga, que las personas combinan con alcohol. También se sanciona su tenencia, si no poseen prescripción médica", señaló la fiscal de la FGR.

Si las cantidades son elevadas, hacen pensar que el propósito es comercializarla, y entonces es un delito de tráfico de drogas, precisó.

"El tráfico tiene como sanción para la figura básica (pequeña escala) de cuatro a diez años. Se agrava, si son cantidades grandes, a un marco de entre tres y 20 años", indicó Martín.

"Otra figura más severa es cuando tiene relación con el tráfico internacional, y puede dictárse de 15 a 30 años o incluso pena de muerte. Se agrava si el implicado es un funcionario público, autoridades y sus agentes, si se penetra en Cuba usando naves o aeronaves, o si está involucrado un menor de edad", definió Martín.