Juez ordena la aprehensión de Otto Pérez Molina

El juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo "B'', giró la orden la tarde del miércoles. Esta había sido solicitada por la fiscalía por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, según confirmó la fiscal general Thelma Aldana al Canal Antigua de la televisión local.

La ley guatemalteca no considera medidas sustitutivas de prisión para estos delitos, por lo que después de escuchar a Pérez Molina el juez deberá resolver si lo deja en libertad o dicta auto de prisión preventiva.

Según el artículo siete de la ley de antejuicio "un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva", por lo cual, si esto sucede, Pérez Molina, de 64 años, sería despojado de la presidencia del país.

La fiscal general dijo que el defensor de Pérez Molina presentó el miércoles un escrito oficial en el que aseguraba que el presidente se pondría a las órdenes del tribunal.

"Asumo que en cualquier momento se va a presentar" ante el juez, dijo Aldana. "Puede ser hoy, mañana o el viernes".

Por su parte, César Calderón, abogado de Pérez Molina, dijo a The Associated Press que al momento de conocer una orden de aprehensión en contra del mandatario éste sería presentado ante el juzgador, lo cual podría ocurrir el jueves por la mañana.

La fiscal general dijo que hay una investigación preliminar de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que involucra al presidente en el caso de defraudación aduanera.

En una votación histórica, el Congreso de Guatemala decidió el martes retirar la inmunidad al presidente para permitir que sea investigado como cualquier ciudadano.

Poco después de conocerse la decisión, aprobada por unanimidad por los 132 legisladores presentes en la cámara, un juez le prohibió salir del país. Aldana explicó que se trataba de una medida preventiva.

Los cargos fueron formulados luego de que la fiscalía y la Comisión, organismo adscrito a la ONU, anunciaran el pasado el 16 de abril la desarticulación de una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.

La estructura, denominada "La Línea" por ser una especie de "alternativa" para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

La comisión anunció que cuenta con 88.000 escuchas telefónicas entre las cuales habría una en la que se escucha al presidente hablando con Carlos Muñoz, superintendente de Administración Tributaria, y ordenando cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.

Por ley, esa agencia es un ente autónomo y sin injerencias del ejecutivo. Según la fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada.

Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que solo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.

Al menos 100 personas están siendo investigadas por el caso de "La Línea". Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y está en prisión preventiva acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.