¿Control solo en el sector no estatal?
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Las nuevas medidas en marcha desde principios de octubre, definen el alcance de cada actividad pues, al parecer, la Resolución 33 de 2011, la cual aprobó el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, no quedó totalmente explícita.
Amauri Antonio Domínguez Pérez, subdirector de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) de La Habana, considera que el cuentapropismo “no nació con todas las regulaciones necesarias; las licencias estuvieron muy abiertas, quizás por la premura de sacar adelante esa forma de gestión, aunque de todas maneras, la experiencia nos enseña sobre la marcha”, acota.
Por su parte, Arian Piñero Álvarez, subdirector de empleo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la capital, afirma que la intención “era que la gente ganara confianza con su actividad, pero luego surgieron personas quienes desviaron el sentido de su oficio”.
Así comenzó a proliferar un ambiente de ilegalidades, el cual dio lugar a constantes violaciones tales como trabajar sin licencia, en sitios no autorizados, uso de materias primas y materiales de origen desconocido, y comercializar productos o prestar servicios distintos a los aprobados.
Por esas y otras infracciones, según Guillermo Pérez Barroso, director de la DISC de La Habana, de enero hasta septiembre se han impuesto (de acuerdo al Decreto Ley 274), 33 mil 522 medidas contravencionales, lo cual representa el 31 por ciento de todas las multas aplicadas por este órgano del Consejo de la Administración Provincial.
Del total de las sanciones, el 50 por ciento ha sido por ejercer sin la documentación legal, muestra de la exigencia constante de los supervisores sobre quiénes quieren evadir el fisco y laborar fuera de los marcos de la ley, aun cuando la dirección del país reconoció tales actividades.
Pérez Barroso subraya que en el caso de las personas que trabajan en lugares no autorizados, se ha ido ordenando en la capital, pero no en su totalidad, y menciona como municipios con mayor cantidad de ilegalidades a San Miguel del Padrón, Habana del Este, Guanabacoa, Playa, Centro Habana y 10 de Octubre.
En recorrido por las tres últimas localidades, se pudo corroborar que los cuerpos de supervisión cuentan en cada Consejo Popular con una pareja de inspectores los cuales deben conocer dónde están ubicados los trabajadores por cuenta propia.
Cada localidad posee características específicas: en Centro Habana y 10 de Octubre es recurrente ejercer actividades legales o ilegales en lugares no autorizados, y esto incluye no solo las arterias principales, sino escuelas, hospitales u otras zonas establecidas por el CAP o los Consejos de la Administración Municipales.
“El cuentapropista obtuvo la licencia sin que le explicaran todos sus deberes y derechos, así como las prohibiciones, entonces después pensó podía vender cualquier cosa y en cualquier lugar”, señala Jaqueline González González, directora de la DISC en 10 de Octubre.
Entre las principales violaciones en Playa, al decir de Victoria Small Francis, directora del cuerpo de inspección del municipio, figura la inmigración de trabajadores por cuenta propia, y es la zona de Santa Fe la más afectada.
De forma general, en las tres localidades, al igual que en el resto de la capital, es constante la comercialización de mercancías prohibidas y de ilícita procedencia, sobre todo en la actividad de Productor Vendedor de Artículos Varios de Uso en el Hogar.
Pero, ¿son los trabajadores por cuenta propia los únicos involucrados en tales violaciones?
La DISC de La Habana posee una muestra de casi 300 tipos de artículos decomisados desde enero hasta la fecha, que evidencia la participación de personas provenientes del sector estatal en esas ilegalidades.
Según Domínguez Pérez, los productos confiscados resultan de la compra al por mayor en la red de establecimientos para su posterior reventa; los elaborados con materia prima sustraídas de las fábricas, así como los que no se comercializan en el mercado minorista y están en manos de particulares a partir del desvío y complicidad de las entidades.
Es condenable el acaparamiento de algunos para luego duplicarle los precios, pues quien paga es justamente el bolsillo de la población, cuando está obligada a comprarlos a montos elevados ante la escasez en la red estatal.
Entre los artículos decomisados resultado de la sustracción a fábricas, almacenes y talleres figuran: plantas de fregado, reguladores de gas y agujas para máquina industrial de coser calzado, y otros provenientes de la Revolución Energética.
Domínguez Pérez, señala que se detectó que la tela utilizada en los servicios necrológicos se emplea con fines artesanales en la tapicería de muebles, y concluye:
“Ante esta situación, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, la ONAT y otros organismos encargados, trabajan junto a nosotros para hacer cumplir las nuevas disposiciones y contribuir al clima de orden, disciplina y exigencia como ha pedido el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros”.
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