Una jueza dictaminó el martes que la policía de Arizona puede comenzar a aplicar la fracción más polémica de la ley migratoria del estado, con lo cual los agentes estarán facultados por primera vez para preguntar cuál es la condición migratoria de las personas detenidas por diversos delitos si sospechan que éstas se encuentran en el país de manera ilegal.

La decisión de la jueza federal Susan Bolton constituye el hito más reciente en una disputa judicial en torno a esta disposición que comenzó hace dos años. La controversia se dirimió con la decisión que emitió en junio la Corte Suprema federal y que ratificó la medida con el argumento de que la misma no entraba en conflicto con la ley federal.

Los detractores de la ley que describen a la medida como la disposición "muéstreme sus papeles" respondieron a la Corte Suprema pidiéndole a Bolton que impidiera la entrada en vigencia de esa fracción con varios argumentos, entre estos que daría pie a encasillamiento racial sistemático y detenciones excesivamente largas en perjuicio de los hispanos.

Otras secciones menos controvertidas de la ley fueron puestas en marcha desde julio de 2010, como cambios menores a la ley estatal sobre tráfico de inmigrantes de 2005 y la prohibición que restringe aplicar la ley federal de inmigración a las agencias gubernamentales estatales y locales. Sin embargo, estas disposiciones han sido de poco uso, si es que han tenido alguno, desde su entrada en vigencia.

La ley de Arizona fue aprobada en 2010 en medio de la frustración de los electores por el papel que cumple el estado como el punto con el número más alto de ingresos ilegales en el país. Cinco estados (Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah) han aprobado versiones algo distintas a la ley de Arizona.

A pesar de la decisión que permite la entrada en vigencia de la disposición para preguntar a los detenidos sobre su estado migratorio, algunos partidarios de la ley han puesto en duda el nivel de cooperación que tendrán de los agentes federales de inmigración, a los que solicitarán que verifiquen la condición migratoria de algunas personas y serán responsables de llevarse a los inmigrantes no autorizados que estén en poder de los agentes locales.

Los agentes federales de inmigración han dicho que colaborarán, pero sólo si esto se ajusta a sus prioridades, como la captura de infractores reincidentes y la identificación y captura de quienes amenacen la seguridad pública y la seguridad nacional.

Si los agentes federales se niegan a llevarse a los inmigrantes, los agentes locales posiblemente tendrán que dejar que se marchen a menos que sospechen que están implicados en un delito que obligue encerrarlos en prisión.

Para los partidarios de la ley de Arizona, la disposición para preguntar sobre la condición migratoria es la parte más destacada de la normativa, cuyo propósito declarado era provocar la salida de los inmigrantes. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que la medida propiciará abusos contra los derechos civiles.

Entre los detractores de la ley figuró el gobierno de Barack Obama, cuya impugnación judicial obligó el aplazamiento de la puesta en marcha de las partes más controvertidas de la ley.

Poco antes de que la ley debiera entrar en vigor en julio de 2010, Bolton impidió a la policía aplicar la cláusula de preguntar sobre la condición migratoria y otras secciones de la normativa, y señaló que el gobierno de Obama posiblemente lograría mostrar que la ley federal debía prevalecer sobre la ley estatal.

La gobernadora Jan Brewer, que decretó la ley, apeló el fallo, perdió ante la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito y turnó su caso ante la Suprema Corte. El gobierno de Obama no logró convencer al máximo tribunal del país de que anulara la medida sobre la condición migratoria con el argumento de que la ley federal debía prevalecer sobre la ley estatal.

Después, en julio, una coalición de grupos defensores de los derechos civiles, religiosos y empresas solicitó a Bolton que impidiera a la policía aplicar la medida sobre la pregunta de la condición migratoria a los detenidos. La coalición presentó diversos argumentos en su intento por frenar la puesta en marcha de la disposición.

En esta ocasión, los detractores intentaron impedir la entrada en vigencia de la medida con el argumento de que los hispanos en Arizona podrían enfrentar encasillamiento racial sistemático y detenciones excesivamente largas.

Los abogados de Brewer solicitaron a la jueza que permitiera la entrada en vigencia de la medida. Alegaron que los detractores basan sus objeciones en meras conjeturas sobre posible discriminación racial, que la policía ha sido capacitada para evitar prácticas discriminatorias y que los agentes deberán tener una "sospecha razonable" de que una persona se encuentra en el país sin autorización para hacerle la pregunta.

Bolton rechazó el 5 de septiembre la solicitud de la coalición.