Por muchos líderes que maten, no podrán silenciar sus voces

Cada cierto tiempo, más frecuente de lo que imaginamos, asesinan a un líder social de la región. Varios reportes coinciden en que los países de mayor incidencia de este tipo de crimen se encuentran en América Latina, y son peores las estadísticas en Brasil, México y Colombia, aunque otros como Honduras han destacado por estos días, cuando mataron a un integrante activo del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz.

Sí, porque no importa si es un activista político o medioambiental, tampoco si es una persona que solo pide mayor atención para su localidad o justicia, el asunto es no despuntar. Cuando un individuo tiene ese comportamiento, llama demasiado la atención y resulta incómodo para algún sector. Si es político, pues su postura partidista molestará a los contrincantes; si defiende la salud del planeta, allí se sentirán aludidos quienes tengan negocios que dañen la naturaleza en esas regiones, como la minería y otros tipos de contaminaciones; y si rechaza los cultivos ilegales, ahí entonces se implican distintos tipos de mafias.

Algunas personas no saben lidiar con la diferencia, no les gusta buscar alternativas, ni alejarse de las fechorías. No importa el sentido común ni ser civilizados, lo resuelven de un tajazo, con una golpiza, o de un tiro. Dirán que «muerto el perro, se acabó la rabia», y no es así. Acaban con una vida, pero las causas, cuando tienen base, no interesa quién las dirija, siempre existirán defensores.

Sin embargo, duele esa tendencia de desprotección que tienen los dirigentes populares en muchos sitios, donde solo aspiran a construir mejores sociedades, a defender proyectos, comunidades y pensamientos por encima de todo, literalmente, al costo de sus propios huesos.

Como no son hechos aislados, están al tanto los gobiernos. Las denuncias también han llegado a niveles internacionales; organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente la ONU, abogan por el cese de la violencia y por el respeto a los demás. Hacen llamados a elevar la seguridad, investigar y tomar medidas. No obstante, muchos actos quedan impunes. En algunos casos, existe complicidad de funcionarios, actores políticos y financieros.

La verdad es que no pocos activistas viven extorsionados o amenazados de muerte, detrás se encuentran poderosos intereses. Casi siempre son líderes de opinión, personas confiables y de prestigio: indígenas, sindicalistas, campesinos, afrodescendientes, ecologistas, protectores de los derechos humanos, gente común como cualquiera de nosotros, testigos de prácticas corruptas o defensores de la voz de un pueblo, muchas veces empobrecido, desprotegido, olvidado por el Estado, y heredero de conflictos sociales sin resolver. Por tanto, el objetivo es silenciar sus ideas y que sus seguidores detengan la cadena.

Asimismo, el fenómeno implica afectaciones profundas en materia de desplazamiento de comunidades. Una situación de riesgo para la demografía y la economía de las zonas afectadas.

El asunto es dramático y prevalece la impunidad. Los matan porque les temen. Porque les resulta peligroso luchar contra una razón sólida relacionada con los derechos y el respeto a las ideas, a la biodiversidad, e incluso, la cultura ancestral.

A la prensa nos toca visibilizarlo, apoderarnos de sus principios y llevar en alto sus objetivos de bien. No vale solo denunciarlo, sino investigar y favorecer que se esclarezca, contribuir a su resolución. Debemos continuar la lucha por conservar cada una de sus obras, ya sea contra el colapso ecológico y el cambio climático, o a favor de un proyecto social, o la paz.