Perú: Régimen agrava desastre ambiental

Mientras el gobierno advenedizo de Dina Boluarte busca la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, aprovechando que la sede le fue quitada a Colombia, trabajadores y pueblo en general enfrentan crisis medioambientales, algunas de las cuales llevan más de dos años sin resolverse.

Crisis que afectan dramáticamente a trabajadores, pescadores y voluntarios, como el derrame de petróleo provocado por la compañía española Repsol, que se limpia las manos al decir que le ha pagado al 100% de los afectados, pero que ha dejado un daño de larga data y difícil de resolver.

No sé si algunos de los lectores han degustado el maravilloso lenguado peruano, que hace décadas llegaba a Cuba gracias a un convenio con el gobierno progresista del general Juan Velasco Alvarado, pero que no pudo proseguir, cuando buzos norteamericanos hundieron un barco de carga en un puerto de la nación suramericana.

En cuanto al dinero pagado por la Repsol, este no cubre el desastre ecológico que se extendió a 7,1 millones de metros cuadrados de mar y 1,8 millones de la franja de la playa, matando todo el sector de cría de las ovas del mencionado lenguado, chita, corvina, lisa, pejerrey, lapa, etc., lo cual provocó que durante ocho meses no se pudiera pescar.

Dolor grande

Guillermo Francia, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, señala que, así como un día podían pescar lo suficiente para ganar mil soles con su trabajo, al día siguiente podían ganar apenas lo que vale una bolsa de pan. Desde que el mar se tiñó de negro, sin embargo, ni siquiera tuvieron la posibilidad de tentar a la suerte.
 
«Ha afectado a toda nuestra zona de pesca, porque nosotros (los pescadores de Ancón) trabajamos desde Ventanilla hasta la punta de Chancay», indica. Su mayor preocupación es que el impacto del daño, definitivamente, va a extenderse hacia el futuro. «Y no sé cuánto durará eso. El dolor que vamos a sentir todos los pescadores será grande», dice.

Para colmo, después de cinco días sin poder capturar peces para vivir, una serie de pescadores decidió atender el ofrecimiento de Repsol de limpiar el aceite mineral del mar a cambio de un pago. Sin embargo, no solo no recibieron ninguna capacitación técnica para encargarse de la limpieza del hidrocarburo, tampoco recibieron equipo de protección para el contacto con este.

Sobre esta cuestión se ha escrito mucho, pero poco del gran daño causado a trabajadores y al medioambiente, sin que se frene la actividad de la empresa culpable del desastre ecológico.

Por estos días prosiguieron las protestas de los pescadores, a dos años del derrame de petróleo de Repsol, apoyados por comerciantes e incluso un alcalde, que aseguran que la transnacional no ha cumplido «ni con la remediación de las playas ni con una justa compensación».

Otra herida

Y ahora, con esta herida aún abierta, el gobierno de Boluarte hizo que el Congreso aprobara una ley que modifica artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que facilitan la deforestación de la Amazonía.

Apenas fue suscrita por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, y el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón Rojas, comenzaron a arreciar las críticas en Perú.

Gremios de productores agrarios, cenagueros y organizaciones indígenas plasmaron su rechazo. Incluso la Defensoría del Pueblo estuvo en contra, así como el Ministerio del Ambiente.

Ello provocó también que Alemania, Noruega y Reino Unido se alarmaran por los impactos que provocarían tales modificaciones.

Ahora este trío de países europeos, en su condición de socios de Perú en la Declaración Conjunta de Intención (DCI) de cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación y degradación forestal, sumados a Canadá, como observador, emitieron un comunicado conjunto.

«Nos preocupan los potenciales impactos para el cumplimiento de los objetivos asumidos por Perú en el marco de la DCI, las implicaciones para la implementación de las Declaraciones de Belém y de Pucallpa, y los compromisos internacionales más amplios de Perú para proteger la biosfera única de la Amazonía», sostuvieron.

Como donantes, Alemania, Noruega y Reino Unido manifestaron que «esperan conversar con las autoridades peruanas sobre cómo estos cambios afectarían las iniciativas de protección y aprovechamiento sostenible de los bosques, así como los derechos de los pueblos indígenas».

Para continuar en su objetivo compartido de reducir la deforestación, llamaron a realizar una «consulta social amplia e inclusiva». Diversas organizaciones peruanas denunciaron que el proyecto «viola el derecho a la consulta previa», algo muy típico de este gobierno, concentrado ahora en lo que más le interesa: ser sede de los Juegos Panamericanos que Colombia trata de recuperar.