Otro intento golpista contra Petro

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Otro intento golpista contra Petro
Fecha de publicación: 
8 Febrero 2024
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"Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general", aseguró el gobernante.Imagen: Fernando Vergara/AP/picture alliance

Desde que el primer gobierno de izquierda en Colombia asumió con el principal objetivo de lograr la paz total, luego de más de cinco décadas de guerra civil y en medio de una ola de asesinatos contra los líderes sociales que aún continúa, la derecha que vive del narcotráfico y el latifundismo, alentada por la gusanera variopinta incrustada en Miami, no ha dejado ni un minuto de combatir al presidente Gustavo Petro.

Esto sigue sucediendo ahora de una forma más acentuada, con presiones para que Petro ataque al hermano gobierno de Venezuela, y en medio de una campaña para echarle la culpa de que Barranquilla haya perdido la sede de los Panamericanos, cuando al final se conoció -pero no se divulgó ampliamente- que la principal dirección del evento no esperó hasta la fecha límite para que Colombia pagara el adeudo al respecto -que lo tenía-, con el fin de beneficiar a Asunción, la capital paraguaya.

Petro denunció que sectores opositores buscan derrocarlo con maniobras judiciales, en una estrategia similar a la que sufrió su par peruano, Pedro Castillo, y a la que tratan de enfrentar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La maniobra contra Petro surge de las esferas de la llamada justicia, protagonizada por el fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora, Margarita Cabello, ambos íntimamente ligados al anterior presidente, Iván Duque.

Así, ayudados por los mayoritarios medios de derecha judicializan la política, eso que llaman lawfare, que adelantan contra Petro, su familia y gobierno, y causan daños a la reputación del mandatario, sin preocuparse de combatir a quienes cometen realmente crímenes en Colombia.

A Barbosa sus críticos le acusan de poner la Fiscalía al servicio de intereses políticos para perseguir a personas afines al gobierno, mientras se hace la vista gorda con casos que involucran a políticos de derecha.

En medio de un bombardeo mediático, Petro aseveró que su campaña electoral no recibió dinero del narco y su gobierno no hace interceptaciones telefónicas ilegales ni acepta chantajes, luego de difundirse audios en los que el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, amenazara con revelar presuntas donaciones millonarias a su campaña electoral, a lo que el mandatario respondió: “Los progresistas somos más”.

No es la primera vez que Petro ha sido objeto del golpismo, algo que sucedió cuando era alcalde de Bogotá, causado por los propietarios de las entidades de recogida de basura que pagaron a choferes e inspectores para que no se hiciera esa necesaria labor y se creara el caos, evitando que el Estado se ocupara de esa labor, como quería el hoy mandatario. En este contexto, el progresista Grupo de Puebla se solidarizó con Petro y su denuncia de un intento de ruptura institucional para sacarlo del poder y su llamado a la "máxima movilización popular por la decencia".

Entretanto, Petro ha criticado a Cabello por la suspensión del canciller colombiano, Álvaro Leyva, por tres meses por posibles irregularidades en la licitación de un contrato de pasaportes.

"He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido", afirmó hoy Petro.

Sin embargo, el presidente no ha hecho caso, por lo cual el canciller sigue ejerciendo sus funciones y firmó varios decretos de nombramientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y designaciones de misiones especiales en el exterior.

Para muchos analistas, la mano de la inteligencia estadounidense está detrás, porque las cosas no le están yendo bien en Ucrania, China sigue consolidándose como el mejor socio comercial de Latinoamérica y, con todo y dificultades, Lula está promoviendo de forma decidida la entrada del BRICS en Suramérica.

Y EN MEDIO DE ESTO…

… Petro consigue pactar un alto al fuego por seis meses con EL Ejército de Liberación Nacional, en conversaciones en La Habana, y trata de mediar  en las preocupaciones de las extintas FARC acerca de las acciones en su contra por las autoridades que debían velar por la paz, mientras prosigue con la vicepresidenta Francia Márquez un plan para llevar la prosperidad al litoral del Pacífico y convertir en zonas agrícolas y avícolas extensiones de tierra que estaban controladas por el narcotráfico, aún presente con el Clan del Golfo.

En un relato muy diferente al de gobiernos anteriores -y al de Estados Unidos- explicó cómo la región más afectada por la problemática de la droga, que han creado las organizaciones ilegales trasnacionales y la alta demanda consumistas en los países occidentales, ha sido Latinoamérica.

“Los estudios dicen que en América Latina han muerto, en virtud de los conflictos que trae la economía ilícita, un millón de latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos y colombianas, la mayoría de ellos, humildes. El pueblo pobre de América Latina que cae bajo las balas homicidas, en unas guerras invisibles, pero profundas, tan intensas, que han convertido a nuestro continente en el más violento del mundo”, dijo el presidente de Colombia.

En esta misma línea, mencionó que se debe pensar cómo cambiar de una economía a otra, refiriéndose directamente a la sustitución de cultivos de uso ilícito.  Planteó buscar alternativas para los campesinos que durante años sobrevivieron y sobreviven a partir de la siembra de cultivos de hoja de coca, base de la cocaína que consumen en Estados Unidos. En cuanto a lo internacional, ratificó su idea de la transformación de la política antidroga de los últimos 30 años.

“Hemos convocado a todos los presidentes de América Latina para evaluar el impacto de lo que se ha llamado desde hace 50 años, la política de guerra contra las drogas que nació en el gobierno de Nixon, en EEUU, y se irradió al conjunto del continente”, anotó.  

Indicó que la nueva política debería estar enfocada en la salud pública -tratar al consumidor y las personas con adicciones como personas con una condición de salud que debe ser atendida desde lo público, además de la prevención.

 

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