Milei: Intento de golpe institucional

Pasados los primeros momentos eufóricos por la elección presidencial en Argentina de un individuo aupado por los medios antiperonistas y votantes de todo tipo hartados de la grave crisis económica, Javier Milei no ha tenido ni un minuto de tregua política ni popular, incluso de aquellos que se obnubilaron al ser presentado como una figura exótica y novedosa por los periódicos locales La Nación y Clarín.

Incluso, el ultraderechista se presenta como un libertario, pero va más allá de los parámetros entreguistas y de la “libertad” extrema del individuo, cuando se dice enemigo del aborto y estar de acuerdo con la venta de órganos humanos, entre otros aspectos negativos.

Desde fines de diciembre se han sucedido manifestaciones en contra de sus proyectos, cada vez más multitudinarias y que se han extendido internacionalmente por su afán de imponer leyes que afectan a la nación suramericana y empeora su situación en todos los contextos.

Ahora pretende que el Congreso, donde su Libertad Avanza es minoritario, discuta las leyes que trata de imponer, y que recibieron un primer aire gracias al apoyo de los seguidores de Mauricio Macri, a quien criticó cuando era presidente, pero ahora es su mentor.

Milei soslaya que Macri endeudó al país hasta lo nunca visto, con un préstamo récord del Fondo Monetario Internacional que sabía que Argentina no podría pagar. Además, el susodicho dejó que se fugaran divisas que hoy están en los paraísos fiscales, para no pagar impuestos, y que ascienden a unos 400 000 millones de dólares, casi igual a la deuda del país de 401 000 millones.

Asimismo, desbarra contra lo que llama “casta política corrupta”, que incluye a líderes sindicales que movilizan a miles de trabajadores contra sus ambiciones, y tiene en sus filas a lo peor del país en ese aspecto.

Mientras MSN, Infobae y otros medios de derecha elogiaron su discurso en el Foro de Davos, Suiza, éste ayudó a renovar la solidaridad internacional con los manifestantes argentinos, principalmente cuando llamó a combatir a “enemigos socializantes” y atacó incluso a organizaciones internacionales y la Agenda 2030 contra la pobreza de las Naciones Unidas, subrayando su antifeminismo y su negacionismo climático.

“Llamó héroes a los gerentes de las transnacionales, asumiendo un liderazgo mundial anti-Estado, hizo que mucha gente que no lo conocía, se convenciera de lo sectario y peligroso de sus ideas”, explica Marcella Camerano, militante de Argentinos para la Victoria (ApV), residente en Suiza.

Camerano constata a Sputnik que está naciendo una nueva etapa del movimiento de solidaridad con Argentina, en respuesta al ajuste estructural y las políticas agresivas del nuevo gobierno.

La militante de ApV, con muchos años de experiencia en el campo internacional, se aventura a lanzar una hipótesis: “pareciera que, al pasar a la oposición, el movimiento nacional y popular argentino genera y canaliza nuevas y renovadas simpatías de sectores que hasta diciembre del año pasado no se pronunciaban”.

ESTRATEGIA DEL REACCIONARIO

El gobierno de Milei prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, lo que supone más tiempo para conseguir la aprobación del proyecto de ley que de facto supone la derogación del propio Congreso y la promulgación de un Estado autoritario unipersonal y plenipotenciario.

El artículo principal de una ley ómnibus -de más de 300 páginas- establece que el presidente estará facultado para declarar la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, provisional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del 2025. El texto indica que Milei podrá aumentar ese periodo de manera unilateral dos años más, hasta el final de su legislatura.

Este artículo bastaría por sí solo para poner sobre alerta a los interesados en preservar la débil democracia, pero el proyecto de ley incluye otras medidas igualmente graves y que declaran un estado de sitio efectivo.

La ley convierte la protesta en delito con una reforma del Código Penal que castiga con penas de tres meses a dos años a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

La reforma incluye penas de dos a cinco años para quien organice protestas o coordine una reunión o una manifestación. Asimismo, la ley reforma lo que se considera una reunión o manifestación, que será, según el artículo 331, ”la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”.

Incluye una norma que faculta a los ciudadanos para tomarse la ley por su cuenta al incluir una reforma de la legítima defensa que permite asesinar de manera impune, incluso si alguien desiste de cometer un delito y sale huyendo, se le podrá disparar por la espalda con total impunidad y no habrá manera de exigir responsabilidad penal.

DNU

Esta ley no es la primera que incluye una violación flagrante de los derechos de los ciudadanos argentinos. La Ley ómnibus enviada al Congreso fue precedida de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ha entrado en vigor sin ni siquiera pasar por el Congreso.

Cuenta el portal La Marea98 que, tras promulgar la derogación efectiva del Congreso con un DNU, Milei acudió al programa de Mirtha Legrand para explicar de manera jubilosa que el magnate Elon Musk le había llamado para decirle que estaba muy interesado en el litio de Argentina y que otras corporaciones de EE.UU. también querían hacerse con el preciado mineral. Un ejemplo sencillo y claro de lo que busca Milei: el expolio del patrimonio de los argentinos y el sometimiento de los recursos naturales a las leyes del mercado.

El shock que anunció Javier Milei en su toma de posesión mientras de manera simbólica daba la espalda al Congreso era un adelanto de lo que haría. El Decreto de Necesidad y Urgencia que promulgó el pasado 21 de diciembre entró en vigor el 28 de diciembre y es difícil encontrar un constitucionalista en Argentina que no lo declare anticonstitucional. El proceso legal para tumbarlo ya ha comenzado.

El DNU también deroga la Ley de tierras que impide a los extranjeros tener más de mil hectáreas en propiedad, tener tierras protegidas o adquirir tierras fronterizas.

Asimismo, se incluye la privatización de las empresas públicas y engrasa el camino para que sean adquiridas por corporaciones internacionales y multimillonarios tecnológicos.

También se apuesta por la eliminación de las ayudas y subvenciones al transporte para las clases populares, el fin de las regulaciones para los alquileres que implicarán subidas exponenciales además de acabar con los controles de precios para la energía y los alimentos. Ello supondrá un aumento del coste de la luz, el gas, la gasolina y los suministros básicos hasta del 700%.