Mentiras triunfan en Chile: Rechazan a la nueva Constitución

En medio de un periodo de agitación política, la nueva Constitución que debía sustituir a la actual ideada por Augusto Pinochet fue rechazada ampliamente por los votantes.

Escrutados el 99,4% de los votos, el Rechazo obtuvo el 61,88% y el Apruebo 38,12%, victoria del espectro de la derecha, que, además de reagruparse, demostró su capacidad de obstaculizar el proceso de cambios que exige el país, utilizando a su antojo a los principales medios de comunicación, empleando más de 1 500 millones de pesos en la compra de conciencia y -aunque no debía haber sido vinculante- aprovechando incumplimientos de promesas gubernamentales y presuntas inexactitudes de algunos titulares.

Fue toda una victoria para la campaña de “fake news” entronizada por medios, encuestadoras y redes sociales, cuando apenas semanas antes Chile parecía encaminado a erradicar para siempre la ortodoxia neoliberal que plasmó Augusto Pinochet en la Constitución de 1980 y que colocó la educación, la salud, las pensiones y la vivienda como bienes de consumo regulados por el mercado, lejos del alcance de la mayoría de la población.

Pero días antes del plebiscito, ya las encuestas indicaban el avance y logro de la campaña de mentiras, que echó abajo el proyecto de la nueva Carta Magna que redactó en el último año una Convención Constitucional, pese a que sienta las bases de un estado de bienestar como el que los chilenos demandan.

Esto es una buena noticia para la derecha chilena y sus principales partidos: la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Republicano y Evaporec.

O sea el respaldo a la nueva Carta Magna se desplomó principalmente por la guerra sucia, de noticias falsas y de desinformación desarrollada por la derecha, tal como ocurrió en las campañas del Brexit en Reino Unido, de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil y del “No” a los acuerdos de paz con las FARC en Colombia.

En fin, la campaña de la derecha contra el proyecto constitucional detuvo el proceso de desarrollo de derechos sociales y civiles en el que entró Chile, y logró sembrar dudas y temores, divulgando noticias falsas o sesgadas sobre varios artículos.

Para Pamela Figueroa, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, es claro que hay “una fuerte campaña de desinformación, pero lo más importante es que este país ha logrado canalizar, institucional y democráticamente, el malestar social que existe por la desigualdad y la exclusión”, y eso va más allá del resultado adverso del plebiscito.

“El proceso constituyente es un paso más, pero éste es un camino largo y complejo”, dice la doctora en estudios americanos.

BORIC SE COMPROMETE 

Ante la imposición de la opción del Rechazo a la del Apruebo, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que convocará a un nuevo proceso constituyente en el que “va a tener que discutirse todo de nuevo, a partir de cero”.

El problema es que el gobernante izquierdista, quien, como diputado, en el 2019 impulsó un pacto político para convocar a una Constituyente, no cuenta con mayoría en el Congreso, donde la derecha tiene las curules suficientes para bloquear cualquier nuevo proceso constitucional que no le garantice mayor incidencia en la elaboración de otra Carta Magna.

Los analistas políticos coinciden en que la derecha tratará de atajar los cambios estructurales que piden los chilenos, apoyará reformas muy limitadas y hará lo posible por mantener el modelo de mercado consagrado en la Constitución pinochetista de 1980.

Esto, pese a que una eventual derrota en las urnas de la propuesta constitucional no significaría un espaldarazo a la Carta Magna heredada por la dictadura; sino un rechazo al trabajo de la Convención Constitucional.
Según varias encuestas, siete de cada 10 chilenos están de acuerdo en que, a pesar del triunfo del Rechazo, se inicie un nuevo proceso constituyente. Nadie duda de que el consenso por el cambio prevalece en el país.

ANTECEDENTES

El estallido social que vivió Chile en octubre del 2019, el cual dejó 32 muertos y 1 980 heridos de bala, puso en claro que el hartazgo ciudadano hacía insostenible un modelo de desarrollo que producía crecimiento económico, pero también mucha inequidad y una alta tasa de concentración de la riqueza.

La derecha política y empresarial entendió en ese momento que un país incendiado no es buen negocio para nadie, y asumió que había llegado la hora de un cambio, lo que facilitó un acuerdo pluripartidista –en el que Boric jugó un papel central– para convocar a una Convención Constitucional que se encargaría de redactar una nueva Carta Magna que diera respuesta a las demandas ciudadanas.

En octubre del 2020, 79% de los votantes chilenos se pronunció en un plebiscito por una Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución, y en mayo del 2021 propinaron una histórica derrota a la derecha, al elegir sólo a 37 convencionales, 23% del total, mientras que los independientes, la centroizquierda y los indígenas acapararon 117 escaños.

El resultado fue que la convención redactó una nueva Constitución que privilegia el interés social sobre el privado; que crea un sistema de bienestar en el que el Estado garantiza el derecho a la salud, la educación, las pensiones dignas y la vivienda, y que, además, reconoce a Chile como un país “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, así como “paritario”.

El texto señala que “es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.

La Constitución derrotada este domingo es también enfáticamente feminista, indigenista y ambientalista, y al mismo tiempo establece con claridad que las finanzas públicas deben ser sostenibles y que el gasto social crecerá en la medida en que aumenten los ingresos tributarios.

Pero los promotores del Rechazo, difundidores de mentiras, llegaron a afirmar que, al declarar a Chile como un Estado plurinacional, la nueva Carta Magna eliminaría los símbolos patrios, la bandera nacional, el himno y el nombre del país, y que los indígenas tendrían su propia justicia penal.

También, que se expropiarían los fondos particulares de pensiones y que se estatizarían la salud, la educación y la vivienda, algo absolutamente falso, porque en todas esas áreas habría un modelo mixto, público-privado.
Ahora se inicia una nueva batalla, en aras de derrotar esa derecha que quiere mantener y aumentar sus privilegios a costa de la mayoría de la población.