Las autoridades de Venezuela y reconocidos analistas de la región insisten en que los verdaderos objetivos de la “lucha contra el narcotráfico” del Imperio, que apunta con todas sus fuerzas hacia la nación suramericana, son en verdad las sus vastas reservas petroleras.

Pero, ¿qué sustenta esta afirmación? Basta con revisar los archivos de este joven siglo. Empecemos por el año 2003, cuando, con el falso pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva, Estados Unidos comenzó a bombardear ese país con nefastos resultados que llegan hasta la actualidad.

Luego de que las fuerzas estadounidenses se hicieron con el control de la nación árabe, comenzó la apertura de sus inmensas reservas de petróleo a compañías occidentales como ExxonMobil, BP y Shell, que antes de la intervención estadounidense no tenían acceso al hidrocarburo de ese territorio.

El precio para que los magnates petroleros pusieran sus manos en esa nación fueron miles de víctimas mortales, una infraestructura en ruinas, un gobierno de transición que saqueó al país y miles de promesas de libertad y prosperidad que nunca llegaron.

Cuando en el año 2011 las fuerzas de ocupación anunciaron su retirada, no ocurrió lo mismo con las compañías petroleras. Estas, lejos de irse, se consolidaron con millonarios contratos. Recordemos como en noviembre de ese año la Royal Dutch Shell firmó un contrato por 17 mil millones de dólares vinculados al gas iraquí.

También por esa fecha, la empresa energética Emerson, con sede en Estados Unidos, subastó una oferta de contrato para operar un gigantesco campo de petróleo en Irak.

Tras la intervención estadounidense, la producción de hidrocarburos en Irak se disparó sin que esto se revirtiera en empleos, escuelas o carreteras para su pueblo, devastadas por la guerra. Los grandes monopolios informativos responsabilizaron de ello a la corrupción de los gobiernos que sucedieron a la junta de transición, obviando el evidente saqueo de las transnacionales occidentales.

Y como si la coincidencia de los falsos pretextos, la soberanía de los recursos energéticos y las abundantes reservas petroleras no fueran suficientes —como pasa con Venezuela—, antes de la intervención ese país estuvo sometido a disímiles sanciones que imposibilitaron el pleno desarrollo económico de su industria.

Una investigación publicada por Al-Jazeera expone un informe de la Dirección de Información Energética de Estados Unidos, publicado en 2011 en el que se informaba que “hasta un 90 por ciento del territorio iraquí permanecía sin explorar, por haber sufrido durante décadas sanciones económicas y guerras lideradas por Estados Unidos”.

Tal y como pasó con Irak, Venezuela ha enfrentado un largo historial de sanciones por parte de Estados Unidos. Por solo mencionar algunas de las aplicadas en los últimos 10 años, podemos hablar de la congelación de activos y prohibición de entrada a EE. UU. para funcionarios venezolanos, así como la restricción y acceso a mercados internacionales.

En este sentido, no podemos obviar el bloqueo de activos de PDVSA, la prohibición de transacciones y la limitación de exportaciones, al igual que las sanciones a empresas extranjeras que faciliten operaciones con Venezuela.

Nada de originales tienen los políticos estadounidenses: sin importar de qué partido sean, aplican el mismo libreto para la apropiación de recursos petroleros, el mismo que empelaron en Libia y Siria hace apenas unos años.

Y aunque algunas fuentes muestran que la producción petrolera en Estados Unidos alcanza números récord, también informan que este necesita de un crudo más pesado, como el venezolano, para la obtención de derivados de alta calidad.

Por esas razones está más que justificada la denuncia de varios expertos y de las autoridades venezolanas, que siguen en la calle preparándose para enfrentar los peores escenarios, y lo hacen con un gran respaldo popular. He ahí un factor fundamental para vencer esta nueva embestida imperial, que de concretarse traerá nefastas consecuencias para la región y para el propio atacante.