Jujuy: Morales, aún intocable

Lento, muy lento ha sido el accionar para tratar de meter en cintura al gobernador de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, quien se ha burlado de todos sus oponentes, al hacer aprobar enmiendas a la Constitución de carácter local que lo convierten en un virtual dictador y, para colmo, aspira a la vicepresidencia por un partido opositor en las elecciones generales de este año.

De espaldas al pueblo, con una brutal represión con un saldo de más de 400 heridos y varios centenares de detenidos, Morales hizo aprobar una reforma constitucional, en tratamiento exprés y antes de los plazos establecidos, que incorpora elementos neoliberales dentro de áreas sensibles como salud y educación.

Les otorga a los jueces la capacidad de fiscalizar y sancionar el derecho a la protesta y la reunión. Les quita poder a los organismos de control frente al Poder Ejecutivo. Abre la puerta a que los municipios creen bancos y contraigan empréstitos. Habilita la privatización de tierras fiscales donde habitan pueblos originarios.

Cuestiones de forma y, sobre todo, de fondo, pusieron de un lado al gobierno de Morales y aliados, y del otro, a gremios docentes, comunidades indígenas, partidos de izquierda, y el ala disidente del justicialismo jujeño.

Morales, un macrista disfrazado que aplaudió el leonino préstamo del Fondo Monetario Internacional, tiene el ropaje del peronismo, con gran odio a la vicepresidenta Cristina Fernández.

En este contexto, hizo trizas a la Convención Constituyente provincial de mayo pasado para imponer su criterio, con el fin de recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara al ejecutivo ganador, y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales, entre otros elementos.

El actual reglamento de funcionamiento de la convención propone la regla de la mitad más uno para aprobar los artículos, mayoría que ostenta el oficialismo radical. En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El texto pasó la revisión con un articulado muy controvertido y, finalmente, se aprobó el martes 20 de junio con algunos cambios de último momento, con la Legislatura sitiada por protestas y rodeada de las fuerzas de seguridad.

Este proceso, subrayo, fue liderado por Morales, y contó con el apoyo del Partido Justicialista local liderado por Rubén Rivarola, para aprobar tanto la propuesta de reforma el pasado septiembre del 2022, como el reglamento, en una clara colusión que solo denuncian hoy los partidos de izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se manifiesta en la calle.

Represión

Algunos de los detenidos que fueron posteriormente liberados mostraron los golpes que les propinaron los policías durante la detención y mientras los tuvieron encerrados. Otros denunciaron el robo de sus pertenencias. Todos coincidían en la violación de su derecho a la protesta y en los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Según denuncias en videos, algunos policías vestidos de civil habrían ido a capturar a personas a sus casas en vehículos particulares, por lo que las detenciones serían ilegales.

En algunos casos, se trata de ciudadanos que ni siquiera acudieron a las marchas masivas que se realizaron para repudiar una controvertida reforma constitucional que, además de represión, cientos de heridos y detenidos, provocó una crisis política que escaló a nivel nacional.

Pero los problemas no han terminado para quienes ya obtuvieron su libertad.

«A las secuelas de golpes y malos tratos, hay que sumar que les quedan abiertas causas penales o contravenciones por las que deberán seguir yendo a la justicia», señalaron desde el centro para destacar cómo la vida de los detenidos queda trastornada.

«Se condiciona la posibilidad de seguir ejerciendo su derecho a la protesta, lo cual es considerado un delito».

La crisis escaló tanto, que se pronunciaron el mandatario Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, y todos los precandidatos presidenciales, ya que el país está sumido en las campañas rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre próximo.

Pero Morales sigue ahí, impertérrito, burlándose de quienes se le oponen, contando con la derecha de todos los partidos existentes en esa amalgama política que es Argentina, esclava del préstamo del FMI, ordenado por el entonces presidente Donald Trump, para favorecer a un Mauricio Macri que «desapareció» 44 000 millones de dólares y dejó una brasa ardiente en las manos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández.