Burkina Faso: Impunidad en crímenes de lesa humanidad

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Burkina Faso: Impunidad en crímenes de lesa humanidad
Fecha de publicación: 
9 Junio 2021
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Archivo - Militares de Burkina Faso - PETER SEIDLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Las masacres de civiles producidas en los últimos días en países africanos tienen la huella indeleble de la taimada división territorial que impuso el colonialismo antes de retirarse del continente con la población más pobre del mundo, que produjo separaciones étnicas y religiosas, principalmente.

Así ha sucedido en Burkina Faso, donde un poblado ha sido atacado por tercera vez -y no la primera, como dijeron algunos medios- por elementos aún no identificados, pero que esas fuentes achacaron a miembros de Al Qaeda o del Estado Islámico, siempre con el calificativo de yihadistas, que tiende a confundir con aquellos que, de una manera u otra, combaten al sionismo o a la presencia del imperialismo norteamericano y de las antiguas potencias coloniales.

Pero sea cual sea el epíteto utilizado, este fue un acto criminal donde murieron en la aldea de Solhan, en el nordeste burquinabés, 138 civiles -entre ellos siete niños- y 22 Voluntarios por la Defensa de la Patria –una organización paramilitar-, cuyos cadáveres fueron enterrados en fosas comunes en la zona denominada de las tres fronteras, entre Burkina Faso, Mali y Níger, una región sometida a la violencia de los extremistas.

Solhan, una pequeña localidad ubicada a unos 15 kilómetros de Sebba, capital de la provincia de Yagha (cerca de la frontera maliense), ha sido escenario de numerosos ataques en los últimos años.

El 5 de mayo, las fuerzas armadas iniciaron una operación en las regiones del Norte y del Sahel para combatir los ataques extremistas, que desde el 2015 han causado más de 1.400 muertos y forzado a un millón de personas a abandonar sus hogares.

Además de ese ataque, tuvo lugar otro en una aldea de la misma región, Tadaryat, en el que murieron al menos 14 personas, acciones llegaron una semana después de dos más perpetrados en la misma zona, y que dejaron cuatro muertos en total.

Realmente, este tipo de hecho no era común en Burkina Faso, pero no se sabe cómo la desconfianza fue creada entre dos grupos, los fulanis y los dozos, que se consideraban los dos dedos de una mano, según expresión popular.

Pero, por motivos no conocidos, el gobierno tuvo que intervenir para tratar de contener lo que llamó ambiciones guerreras de algunos de los 17 000 dozos de todas las comunidades del oeste de Burkina Faso. 

PAZ QUE SE ALEJA

Y es que la desconfianza se instaló en un país elogiado durante mucho tiempo por su tranquilidad. Grupos comunitarios y religiones han coexistido de forma pacífica: mossi, bobo, yulá, fulani, gurma, senufo, bissa, tuareg, etc. El 60,5% de su población es musulmana, el 19% es católica, el 15,3% es animista y el 4,2% es protestante. Los matrimonios mixtos y las familias multiconfesionales son numerosos. Y es habitual que una persona cambie de religión sin que ello escandalice a su entorno.

Pero en el transcurso de los últimos siete años, bajo los embates de los grupos extremistas, el país, al igual que la vecina Malí, se ha sumido en la violencia. Esta situación se aceleró tras el derrocamiento, en octubre del 2014, de Blaise Compaoré, que había ocupado el poder durante 27 años. La fortaleza del Estado no era tal, y éste terminó por colapsar rápidamente.

Los partidarios del expresidente, que está exiliado en Costa de Marfil, propagaron la fantasía de que estas tragedias se habrían podido evitar si su líder hubiera permanecido al mando del país. Pero el poder público se había convertido desde hacía mucho tiempo en un castillo de naipes, y los grupos extremistas, que controlan el norte y el este del país, se han aprovechado, como lo hicieron en Malí, de la debilidad de la Administración, de las injusticias y de la miseria.

Más del 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, principalmente en zonas rurales. Los extremistas también están ganando terreno en el oeste y actualmente amenazan con extenderse por el sur.

En resumen, desde octubre del 2015 (primer atentado que reivindicaron), se han registrado aproximadamente 600 ataques en el país, dirigidos principalmente contra funcionarios públicos (especialmente contra los militares), pero también contra civiles.

Hay que lamentar la muerte de miles de personas –hombres, mujeres y niños–, así como los centenares de miles de desplazados. En nombre de la lucha antiterrorista, las fuerzas de seguridad también han cometido abusos. La proliferación de grupos de autodefensa no hace más que aumentar la inseguridad.

La mesa está servida para cualquier intervención extranjera bajo el pretexto de establecer la paz, algo lamentable que agregar a estos impunes crímenes de lesa humanidad.

 

 

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