El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió el viernes a las fuerzas del orden seguir en "alerta" por los disturbios racistas y de extrema derecha en el país, el mismo día en que un tribunal dictó una condena de cárcel por incitación al odio en internet.

La ola de violencia estalló el 30 de julio tras la muerte de tres niñas en un apuñalamiento en Southport, en el noroeste de Inglaterra.

Después los disturbios se extendieron por todo el país, atizados por rumores en internet sobre la identidad del sospechoso, falsamente presentado como un solicitante de asilo musulmán.

Starmer, que se enfrenta a su primera crisis desde que asumió el cargo el 5 de julio, pidió el viernes a la policía que se mantenga "en estado de alerta" para "garantizar la seguridad".

Aparte de incidentes residuales en Irlanda del Norte el jueves por la noche, no ha habido nuevos brotes de violencia en el país desde el martes.

Las autoridades atribuyen esta calma a la rapidez y la firmeza de la respuesta policial y judicial. Casi 600 personas han sido detenidas y unas 150 fueron imputadas hasta ahora.

El primer ministro prometió esta semana condenas "rápidas". Después de que miles de personas se manifestaran contra el racismo el miércoles por la noche en varias ciudades, más de mil personas, algunas con pancartas en las que se leía "fascistas, fuera", denunciaron el viernes los disturbios en Belfast.

Frente a ellos se reunieron un centenar de manifestantes antiimigración, pero las dos protestas se disolvieron sin incidentes, constató un periodista de AFP.

El rey Carlos III, que se encuentra de vacaciones en Escocia, mantuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro Keir Starmer y con funcionarios policiales.

El monarca agradeció este viernes a las fuerzas de seguridad por su actuación antes "la agresión y la criminalidad de unos pocos", indicó un portavoz del palacio de Buckingham.

El soberano, cuyo silencio sobre los disturbios comenzaba a generar críticas, "espera que los valores compartidos de respeto y de comprensión mutuos sigan reforzando y uniendo a la nación", precisó la misma fuente.

Este mismo viernes un tribunal en Leeds condenó a 20 meses de prisión, la mitad en firme, a Jordan Parlour, de 28 años, que confesó haber escrito mensajes con el objetivo de "incitar al odio racial".

El acusado difundió en Facebook publicaciones para incitar a atacar un hotel donde estaban albergados solicitantes de asilo y refugiados.

Su condena es la primera de este tipo desde que comenzaron las protestas racistas.

Las autoridades destacaron este caso como un símbolo de su determinación de incluir a los internautas y a las plataformas digitales en su respuesta judicial a los acontecimientos.

Poco después, un hombre de 26 años, padre de tres hijos, fue condenado a tres años y dos meses de prisión firme por haber exhortado, también en las redes sociales, a incendiar hoteles que albergaban solicitantes de asilo.

Pese a un cierto regreso a la calma, el gobierno teme que la reanudación del campeonato de fútbol este fin de semana provoque nuevas tensiones por las conexiones de la extrema derecha con los hinchas violentos.

El primer ministro Starmer, que se desplazó a un centro de comando de la policía londinense el viernes por la mañana, pidió a los agentes seguir "en estado de alerta".

Starmer dijo que estaba "absolutamente convencido" de que la "rapidez" en la respuesta policial y judicial tuvo "un efecto real" en la calma de los últimos días.

Miles de policías están movilizados desde que estallaron los disturbios, que estallaron tras la propagación en internet de rumores según los cuales el sospechoso del apuñalamiento de Southport era un solicitante de asilo musulmán.

La policía informó que el sospechoso del ataque es un joven de 17 años nacido en Gales y los medios británicos indicaron que sus padres son ruandeses.

Las redes sociales "no son una zona sin ley", insistió Keir Starmer el viernes, y prometió que el gobierno iba a "investigar" el asunto.

Algunos, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, instan al gobierno a reexaminar una nueva ley sobre la seguridad en internet, votada el año pasado pero que aún no entró totalmente en vigor.