El inicio hoy del juicio oral por el expediente denominado Golpe de Estado II coloca a la exgobernante de facto de Bolivia Jeanine Áñez ante la realidad de ser condenada a 12 años de prisión.

“La Fiscalía pedirá 12 años al inicio del juicio. Según el parámetro del Código Penal, es lo máximo”, aseguró en declaraciones a la prensa el viceministro de Justicia para los Derechos Fundamentales César Siles.

Bolivia expectante por juicio a expresidenta de facto

La exsenadora fue encumbrada tras las revueltas que incluyeron cierres de vías, bloqueos y tomas de edificios públicos, incendios de medios e instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, amenazas, agresiones y secuestros de funcionarios y familiares, hasta que finalmente exjefes militares y policiales forzaron la renuncia del exmandatario constitucional Evo Morales.

En ese contexto, Áñez se autoproclamó titular de la Cámara de Senadores y, después, jefa de facto del Estado en sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional sin el quorum requerido por la ausencia de la bancada que controlaba el 66 por ciento de los curules, el Movimiento al Socialismo (MAS).

La rea que desde hoy es enjuiciada en esta causa argumentó entonces que existía “vacío de poder” con el respaldo de fuerzas minoritarias y políticos ultraderechistas partidarios de las políticas neoliberales que promueve Estados Unidos.

Además de Áñez, el expediente Golpe de Estado II incluye entre los acusados aL excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; a Pastor Mendieta, quien se encontraba al frente del Ejército; Gonzalo Terceros, exjefe de la Fuerza Aérea; y Palmiro Jarjury, cabeza de la Armada.

También al excomandante de la Policía Yuri Calderón.

La exdiputada Lidia Patty formuló la denuncia mediante su abogado, Marcelo Valdez, y en septiembre de 2021 la Procuraduría del Estado, la Fiscalía General y la Cámara de Senadores comenzaron las pesquisas por el caso que involucra a nueve procesados, no sin dificultad.

En el propio noviembre de 2021 los mismos que dirigieron y ejecutaron el golpe intentaron forzar la impunidad con un paro nacional convocado desde Santa Cruz, pero en pocos días fue neutralizado tras una marcha nacional encabezada por el presidente, Luis Arce, y el líder del MAS, Morales, con la participación de más de un millón de bolivianos.

La vista oral está programada para este jueves y en ella debe comparecer la exgobernante de facto, quien en un intento desesperado la víspera se declaró en huelga de hambre mientras su defensa, Alain de Canedo, presentó una serie de observaciones al expediente y exigió la postergación del proceso.

Igualmente, reclamó que un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos esté presente, lo cual ya fue autorizado por la parte correspondiente al igual que a «cualquier otro observador y a la prensa», según la cartera de Justicia.

Ante la petición de postergar el juicio, las autoridades correspondientes consideraron sin lugar las 16 presuntas ilegalidades que alegó Canedo y el proceso judicial ya es una realidad.

“Áñez quiere victimizarse, su objetivo es dilatar lo más posible el juicio. la huelga de hambre no afectará en nada el proceso porque es una situación personal de ella. Más allá que sea para evadir, el juicio se tiene que desarrollar con normalidad”, opinó por su parte, en declaraciones a la estatal Bolivia TV, el abogado Valdez.

Al respecto, el portavoz presidencial Jorge Richter sostuvo en entrevista concedida a la red televisiva PAT que es importante “sentar precedentes necesarios” contra lo que denominó “aventuras políticas” en la construcción de la democracia, por lo cual calificó de “histórico” el juicio en que Áñez encara la realidad de una posible condena a 12 años.