Italia prepara severos castigos para quienes inciten a los jóvenes a comportamientos que pueden conducir a trastornos alimentarios graves, como la anorexia y la bulimia.

El Comité de Salud del Senado comenzó hoy a examinar un proyecto de ley del gobierno que introduce sanciones severas, desde multas hasta prisión, para contrastar un fenómeno que solo en Italia afecta a unos tres millones de personas.

Al mismo tiempo, tras el criticado recorte de la última ley presupuestaria y mientras crecen las protestas, el ministerio de Sanidad trabaja ahora para recaudar fondos para la refinanciación del Fondo Nacional de lucha contra los trastornos alimentarios.

El proyecto de ley, comunicado a la presidencia el pasado mes de marzo, parte de una premisa alarmante ligada a las cifras: se estima que actualmente en Italia hay 3.000.000 de personas afectadas por estos trastornos, aproximadamente el 5% de la población, de los cuales el 96,4% son mujeres.

Y es que cada año los trastornos alimentarios provocan la muerte de 4.000 jóvenes, situándose como la segunda causa de muerte después de los accidentes de tráfico, y tras la pandemia ha habido un aumento del 40% de los casos.

Para frenar esta emergencia, el proyecto de ley pretende prevenir, pero también castigar a quienes incitan a los jóvenes.

El proyecto reconoce estos trastornos como enfermedades sociales y el artículo 2 establece que "quien, por cualquier medio, incluido el electrónico, determine o refuerce la intención de otra persona de recurrir a conductas dietéticas adecuadas para provocar o reforzar trastornos de conducta alimentaria, y facilite su ejecución, se castiga con pena de prisión de hasta dos años y multa administrativa de entre 20.000 y 60.000 euros".

Además, si el delito se comete contra una persona discapacitada indefensa o contra niños menores de 14 años, "se aplica la pena de prisión de hasta cuatro años y multa administrativa de entre 40.000 y 150.000 euros".

También está previsto el establecimiento de un día nacional, el 15 de marzo, y un plan de intervención por parte del ministerio.

Mano dura también en materia de control social: el Ministro del Interior establecerá los criterios y métodos para impedir el acceso a sitios que difundan entre menores mensajes que puedan incitar a hábitos alimentarios inadecuados, redirigiendo automáticamente al usuario de forma anónima al portal digital www. disturbialimentarionline.it.