Indígenas colombianos protestan contra violencia con juicio simbólico a Duque
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Miles de indígenas colombianos protestaron este lunes contra la violencia que soportan en sus territorios mediante un juicio simbólico al mandatario Iván Duque, organizado muy cerca de la sede presidencial, en el corazón de Bogotá.
El movimiento que reúne a comunidades originarias del suroeste del país, una de las más castigadas por grupos armados que se financian del narcotráfico, se aglutinó pacíficamente en la Plaza de Bolívar.
Al sonido de tambores y cornetas, unos 7.000 manifestantes con mascarillas se concentraron en este punto de la capital, tras cruzar durante nueve días parte de Colombia en autobuses y algunos tramos a pie.
Sin embargo, Duque no salió a su encuentro alegando su rechazo a las “aglomeraciones” en medio de la pandemia.
“Así el presidente no haya dado la cara, hoy le decimos que cobardemente se ha atrincherado”, dijo a la AFP Hermes Pete, autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Ante el desaire, los indígenas organizaron un juicio abierto y de carácter simbólico para denunciar al gobierno por la vulneración de sus derechos fundamentales.
Aunque son múltiples sus reclamos, los indígenas han hecho sentir con fuerza su rechazo a la ola de violencia que los envuelve, y que según sus líderes deja 313 muertos en más de dos años de la administración Duque.
El grupo que llegó el domingo a Bogotá dio inicio a una semana de agitación social.
El miércoles se sumará a un “paro nacional” convocado por sindicatos y estudiantes en rechazo a la gestión presidencial, a casi un año de las masivas protestas que marcaron un hito en el país.
Los pueblos originarios representan alrededor del 4,4% de los 50 millones de habitantes de Colombia.
“No nos sigan asesinando”
Los indígenas se instalaron por unas horas en el corazón de la ciudad, tras una colorida marcha que pasó sin contratiempos o choques con la fuerza pública.
Custodiados por la tradicional Guardia Indígena, provista de chalecos, radioteléfonos y bastones con cintas multicolores, consiguieron llenar parte de la Plaza Bolívar, en una de sus mayores demostraciones de fuerza en los últimos años.
“Se rompió el miedo”, proclamó temprano Ferley Quintero, del CRIC.
Según el dirigente, los pueblos originarios resolvieron cruzar parte del país para “sentar su voz de rechazo” contra las políticas oficiales y hacerse escuchar por el presidente, ante su negativa de reunirse cara a cara con ellos en Cali, a unos 460 kilómetros de Bogotá y próximo al Cauca.
Los participantes de la minga, como se conoce en quechua a la organización colectiva, durmieron el domingo en un centro deportivo que fue adecuado para recibirlos por orden de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora del gobierno.
Este lunes marcharon clamando por sus vidas. “Queremos paz, igualdad, respeto y que no nos sigan asesinando más”, señaló Carmen Pito, de 53 años.
“El gobierno debe escucharnos y recibirnos, merecemos respeto como todos”, añadió la mujer que caminó con su bastón en medio de voces de apoyo que recibían los indígenas a su paso por la ciudad.
Enfrentado a la severa crisis económica que trajo la pandemia, Duque se expresó molesto por la “aglomeración” cuando el país está cerca de alcanzar el millón de contagios (28.000 muertos) en siete meses de emergencia, aunque evitó referirse al pedido de un encuentro directo con los indígenas.
El gobierno ha rechazado el diálogo cara a cara por considerarlo un debate político que, en su opinión, solo puede darse en el Congreso.
Este lunes Duque reivindicó su “espíritu dialogante, constructivo para avanzar en todos los temas”, pero “sin ultimátums o sin tener que apelar a términos como juicios”.
En el poder desde 2018, el líder conservador lidia simultáneamente con el deterioro de la economía y el repunte de la violencia en algunos puntos del país, tras el acuerdo de paz de 2016 que desarmó la que fuera la guerrilla marxista más poderosa de América.
El Estado colombiano es señalado de no haber tomado el control de los territorios dejados por los rebeldes, lo que facilitó el fortalecimiento de nuevas organizaciones que se disputan las rentas del narcotráfico, entre ellas las disidencias que se marginaron del proceso de paz.
“Nos están matando, están acabando con la juventud. Los indígenas, los afros, somos la población más vulnerada”, dijo Javier Peña, de 46 años y activista de las comunidades negras que se adhirieron a la minga.
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