“El Departamento de Justicia de EE.UU. identificó (…) las tres jurisdicciones que han permitido que persista la violencia y la destrucción de la propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar las actividades delictivas”, ha anunciado este lunes la Cartera estadounidense.

Mediante un comunicado, el citado Departamento también ha informado que la inclusión en la lista supone la reducción de la financiación de las entidades por parte del Gobierno federal.

De hecho, cumplen los criterios del memorando del presidente Donald Trump, del 2 de septiembre, “sobre la revisión de fondos para Gobiernos estatales y locales receptores que permiten la anarquía, la violencia y la destrucción en ciudades estadounidenses”, reza la nota.

Según el texto, tal medida también fue tomada por haber obstaculizado o prohibido a la Policía norteamericana intervenir “para restaurar el orden”, quitar el poder o financiamiento a los agentes o rechazar la asistencia del Gobierno federal.

Las protestas antirracistas estallaron en varias ciudades estadounidenses después del asesinato del afrodescendiente George Floyd a manos de un policía blanco el 25 de mayo. Desde entonces, las manifestaciones contra la violencia policial y el racismo no paran.

Sin embargo, el presidente estadounidense, agudizando aún más la situación, anunció el despliegue masivo de “miles y miles de soldados fuertemente armados”, con el objetivo de reprimir las protestas.

El inquilino de la Casa Blanca incluso tildó de “matones” a los manifestantes, les amenazó con emitir una orden de tiroteo o soltar “perros feroces” en las marchas, una postura criticada duramente a nivel internacional.