Defiende Anteproyecto del Código de las Familias bienestar de los adultos mayores

Teresa Orosa Fraíz, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana, considera al Anteproyecto del Código de las Familias como muy incluyente con las personas de la tercera edad.

  Destaca especialmente lo relacionado con el derecho a la comunicación de los abuelos con sus nietos, un aspecto novedoso que protege el rol de la abuelidad, en el cual se genera una relación afectiva de compromiso y entrega mutua, declaró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

   La máster en Gerontología Social y Psicología Educativa ejemplificó cómo en ocasiones los padres en determinadas circunstancias deciden cortar ese vínculo y en estos momentos no existe una figura jurídica que proteja dicho régimen de comunicación.  

   Resaltó además el tratamiento adecuado que se da en el Anteproyecto a los derechos de las personas mayores en su entorno sociofamiliar, y enfatizó en la importancia de la autonomía.

   Durante la pandemia se ha expresado en algunas familias, generalmente desde las buenas intenciones, sobreprotección hacia los ancianos, al ser declarados como vulnerables, y se han subestimado sus procesos de autonomía, cuando las investigaciones apuntan a su resiliencia, ajuste a nuevas rutinas y proyectos, asimilación y percepción de riesgo ante estas condiciones, señaló la profesora.

   Insistió en cómo, en los procesos naturales de la vida, muchas veces se considera que la vejez está acompañada de una incapacidad o falta de responsabilidad, cuando es todo lo contrario, y las personas deben disfrutar de la capacidad de decisión hasta el último momento.

   Desde el punto de vista psicológico, añadió, la autonomía resulta indispensable para la salud mental de los adultos mayores, por lo que el nuevo Código en debate favorece el bienestar de este grupo etario desde su subjetividad y participación en la familia. 

   La experta también se refirió al tema de los cuidadores, que se refleja muy bien en la normativa propuesta, porque se reconoce su importancia al identificar a esas figuras, sus deberes y derechos, no solo en relación al cuidado de ancianos.

   Al igual Orosa Fraíz mencionó sugerencias realizadas por la Cátedra durante las consultas especializadas con los encargados de elaborar el Código, entre ellas la posibilidad de plantear, además de los derechos, los deberes de las personas mayores con la familia, así como la opción de separar a ese grupo del capítulo en el que se aborda la situación de discapacidad, ya que se trata de cuestiones diferentes.

   De manera general expresó que constituye un magnífico documento en el cual se recoge toda la vida familiar de los cubanos y cubanas, y en esta etapa de revisión y lectura se contemplan otros aportes en aras de someter a aprobación un documento más completo e inclusivo que incorpora a los adultos mayores desde la participación y no con un enfoque asistencialista.

   La académica significó que el proceso de envejecimiento demográfico y el cambio de tipo generacional en el país requieren de otras nuevas leyes y figuras jurídicas que protejan a la población de la tercera edad.

   Es un verdadero desafío, comentó, porque somos muchos y somos diferentes, pero la proyección de programas de atención y de leyes para nuestro grupo poblacional debe tener en cuenta que existen millones de vejeces.

   No somos como fueron nuestros abuelos y hay que empezar por entender qué significa ser persona mayor en esta época y es preciso que las normas jurídicas respondan a las características, necesidades, intereses y proyectos de esta persona mayor de nuevo tipo, concluyó.

   El 21,3 por ciento de la población de Cuba es de 60 años y más, lo cual duplica la existente hace cuatro décadas, y se estima que en el 45 por ciento de los hogares están presentes los adultos mayores, la mayoría con un rol de abuelos.

   Además, alrededor de 200 mil niños y niñas en la Isla viven solos con sus abuelos, lo cual refuerza la necesidad de defender y proteger a estos ancianos, quienes a menudo se encuentran en un limbo jurídico.