¿Cuánto ha costado la COVID-19 en Cuba?

El impacto de la COVID-19 en la economía mundial constituye una de las mayores recesiones de la historia moderna, a tal punto que la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que el Producto Interno Bruto global será menor en casi uno por ciento.
   

En Cuba, que se encuentra en medio de una agresiva escalada del bloqueo económico, financiero y comercial que los Estados Unidos impone, los daños son y serán significativos, y aunque muchas cifras aún no se han podido calcular, nos podemos ir haciendo una idea de lo que 2020 representa para la economía nacional.
   

A cada persona que se ha enfermado, a cada sospechoso, a cada contacto, durante meses se le han realizado las costosas pruebas PCR en tiempo real para determinar si están contagiados o no con el SARS-Cov-2, miles de cubanos fueron aislados en centros concebidos y mantenidos por el Estado, y muchos empleados dejaron de asistir a sus trabajos por razones relacionadas al paso de la enfermedad.
   

Hasta la fecha, el presupuesto del Estado se afectó en un 13 por ciento de los ingresos planificados, en alrededor de 621 millones de pesos; relacionados en lo fundamental con la venta de productos alimenticios, industriales, materiales de la construcción, la gastronomía, el aporte de las empresas por disminución de los niveles de actividad, de trabajadores por cuenta propia y de contribución territorial.
   

Solo La Habana gastó hasta ahora, debido a la pandemia, más de 125 millones de pesos, según explicó recientemente Yanet Hernández Pérez, vicegobernadora de La Habana, quien mencionó gastos relacionados con los alimentos que se proveyeron a pobladores en centros de aislamiento o en instituciones asistenciales.
   

A estas partidas se sumaron 10 millones en medicamentos, tres en lencería, aseo y limpieza, 65 millones de pesos en gastos de personal y prestaciones de trabajadores asociados a COVID19, 13 millones en transportación y dos en prestaciones de la asistencia social.
   

Otro ejemplo. El informe Efecto económico parcial de la COVID-19 y sus resultados en Camagüey, Cuba, explica que en esa provincia hubo egresos sustanciosos debido a que se utilizaron en gastos públicos no planificados, entre los cuales el mayor peso lo tuvo los asumidos por garantías salariales para propiciar el aislamiento físico de grupos vulnerables.
   

Que la mayor parte del dinero no se gastara en enfermos o medicinas se debe a que la provincia, si bien es extensa, es una de las menos pobladas del país, y el acumulado total de sus casos es de apenas 71 confirmados, una mínima parte de los ya casi seis mil pacientes de la COVID-19 en Cuba.
   

El resto del país ha hecho gastos superiores en pacientes ingresados en centros de aislamiento, pacientes hospitalizados, kits para la realización de pruebas y preparación y traslado a centros de aislamiento.
   

Ahora bien, los gastos de la COVID-19 no están solo asociados a lo que ella misma significa: una enfermedad que necesita recursos para ser tratada y controlada, sino también en que se dejaron de realizar servicios, muchos de ellos productivos, lo que provocó una erogación del gasto público para cubrir los costos de actividades que son realizadas de forma gratuita para la población.
   

El turismo, una de las principales fuentes de ingreso del país, fue de los primeros sectores en afectarse y lo ha hecho a lo grande.
   

Al cierre de enero de 2020 el turismo internacional en Cuba ya había registrado un decrecimiento del 19,6 por ciento en comparación a igual período del año anterior, en el que se redujo un 9,3 por ciento, y los ingresos fueron de dos mil 185 millones de dólares, cifra similar al 2018 (ONEI, 2020).
   

Los expertos calcularon que si la prohibición de viajes se prolongaba por tres meses, la actividad turística en el Caribe en 2020 se contraería 25 por ciento.  Llevamos siete meses de pandemia y casi los mismos de cierre de fronteras.
   

Uno de los productos estrella de exportación de Cuba es el níquel, que se sigue produciendo pese a la pandemia, pero cuyo precio internacional ha caído considerablemente en los últimos años, sobre todo por falta de demanda.
   

Encima, el bloqueo, esa constante para Cuba desde hace más de 60 años, no ha hecho otra cosa que recrudecerse: en lo que va de año se han implementado decenas de medidas, y algunas de las más recientes impiden a los ciudadanos estadounidenses importar alcohol o tabaco producido en Cuba; si bien este no es un problema relativo a la COVID-19, está muy relacionado, pues todas esas medidas buscan asfixiar la economía cubana en crisis.
   

Por suerte, la nación antillana también cuenta con características que en este contexto pueden constituir oportunidades en la respuesta y recuperación para hacer frente a los impactos económicos y sociales de la crisis generada por la COVID-19.
   

El Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, explicó recientemente que nuestro sistema de planificación centralizada permite asignar recursos escasos con rapidez a prioridades nacionales, enfrentando con eficacia situaciones de emergencia.
   

Nuestro gobierno ha implementado más de 500 medidas cuyo efecto ha sido calificado por expertos como un manejo favorable de la situación sanitaria, a la vez que la política social inclusiva permite aplicar medidas de seguridad o asistencia social a nivel comunitario para cubrir los grupos de mayor riesgo de vulnerabilidad social, a lo que se suma que el sistema de racionamiento para distribuir productos de primera necesidad ha sido una garantía adicional para enfrentar la crisis.
 

Asimismo, el sólido sistema de salud pública y una fuerte industria farmacéutica han demostrado capacidad para el manejo de la emergencia sanitaria, y las acciones se han extendido incluso a otros países.
   

Para ejemplificar esto basta decir que el hecho único de contar con el desarrollo propio de vacunas significará para el país ahorros a largo y mediano plazo, que podrían significar una diferencia de millones de dólares e incluso ganancias.
   

Otra de las ventajas es el efectivo sistema de defensa civil, con una cobertura que abarca todo el país hasta el nivel de los consejos populares y una amplia participación de la población, que se basa en la prevención para preservar la vida humana y cuya eficiencia está comprobada.
   

Sin duda, la situación es compleja y la enfermedad aún no ha terminado, pero ha llegado el momento de volver a la producción y a la vida, lo que se 
llama la nueva normalidad, pero para llegar a ese punto durante meses el país ha hecho gastos significativos, ha dejado de obtener divisas y ha 
tironeado de sus fondos, de manera que ninguno de sus ciudadanos se sienta desprotegidos, ni siquiera aquellos que se encuentran fuera del territorio nacional, puesto que miles han regresado a su patria en vuelos humanitarios.