La Asamblea Popular Nacional de China aprobó una amplia Ley de Relaciones Exteriores, primer documento legal que regula a tal escala la política exterior del gigante asiático, en particular las medidas contra actos que puedan atentar contra la soberanía, la seguridad y los intereses chinos.

La norma, dividida en seis capítulos, fue elaborada el año pasado y entrará en vigor el 1 de julio, estableciendo la orientación y los principales objetivos de la política exterior. De conformidad con la normativa, el Gobierno de China tendrá el derecho a "tomar las contramedidas necesarias" contra "los actos que violen el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y pongan en peligro la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China".

Sobre el tema, el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, escribió en un reciente artículo que su país se enfrenta a un número cada vez mayor de factores impredecibles, por lo que debe ampliar constantemente su su "caja de herramientas" legales para contrarrestarlos.

Según sus palabras, Pekín debe ahora hacer pleno uso de la Ley de Relaciones Exteriores como herramienta legal para responder "a los actos de contención, interferencia, sanciones y destrucción".

Por su parte, Huo Zhengxin, profesor de Derecho en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, sostiene que la nueva ley podría eliminar "las lagunas del Estado de derecho en asuntos exteriores" de China y crear un "escudo" contra "hegemonía occidental" que con frecuencia interfiere en los asuntos internos del país asiático. "En los últimos años, los cambios en el entorno externo han generado nuevos conflictos y desafíos para China", señaló Huo.

"La ley proporciona una base legal para la lucha diplomática contra las sanciones, la antintervención y la jurisdicción de brazo largo", señalaron expertos jurídicos chinos. Además, indicaron que frente a las sanciones occidentales el derecho internacional falló en proporcionar las medidas adecuadas para la protección legal de los intereses de otros Estados, obligando a China a aprobar legislación interna.

En los últimos meses, el gigante asiático se ha enfrentado a una serie de sanciones impuestas por EE.UU. a diferentes sectores de su economía. Así, en octubre pasado, el Departamento de Comercio de EE.UU. impuso restricciones al suministro de productos de supercomputación y semiconductores a 31 empresas chinas, entre ellas Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), el principal fabricante local de chips de memoria.

Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista chino, urgió al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, durante la reciente visita de este a China, a que su país levante las "sanciones unilaterales ilegales" impuestas contra Pekín y renuncie a los intentos de frenar el desarrollo tecnológico chino.