Abogan por rol de actores económicos en desarrollo territorial

A una mayor participación de los nuevos actores económicos en el desarrollo de los territorios en los cuales se encuentran ubicados llamaron hoy los diputados cubanos en la Comisión de atención a los servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en presencia de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba.

En amplio debate se refirieron a los encadenamientos entre el sector estatal y el no estatal como una posibilidad para aprovechar capacidades ociosas de la industria, incorporar objetivos sociales, impulsar las producciones nacionales e identificar nuevas oportunidades de negocios.

Marrero Cruz, diputado por Gibara, en Holguín, aseveró que el municipio es quien se encuentra en mejores condiciones para tomar decisiones a tono con la estrategia de desarrollo económico y social; y esa es una de las distorsiones a corregir.

Acotó -en esa línea- que se aspira a que los gobiernos inviten en el futuro a personas a crear mipymes vinculadas a actividades necesarias para el territorio, utilizando las potencialidades endógenas en esas formas de gestión.

Debemos resolver los problemas de cada municipio y conducir los procesos en beneficio de todos, puntualizó.

Destacó que se deben perfeccionar los procesos de contratación, estimular a quienes importen materias primas y definir márgenes de ganancias razonables a partir de las fichas de costos.

Que en 2024 todas las fuerzas productivas tengan las condiciones elementales y facultades para producir más y aumentar las ofertas de bienes y servicios, a precios razonables, indicó Marrero Cruz.

Susel Alba Quintana, diputada de Santiago de Cuba, abordó la urgencia del vínculo de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con el auge de cada territorio de una manera organizada y planificada; en tanto en recorridos de los parlamentarios cubanos por diversas de esas formas de gestión constataron la atención a determinados programas sociales.

Según Yohana Odriozola, viceministra de Economía y Planificación, hoy 183 de esas figuras son parte de proyectos de desarrollo local en todo el país y 21 están "incubadas" en los parques científicos y tecnológicos de La Habana y Matanzas.

Inés Vega, titular de una mediana empresa de La Habana dedicada a productos de aseo y limpieza e invitada a la comisión, aseveró la importancia de crear los procedimientos que "aterricen" a las mipymes en los municipios y sus líneas estratégicas de desarrollo.

La responsabilidad social de una empresa privada va desde el salario de los trabajadores, los precios, el aporte a la comunidad y el cuidado del medioambiente; pero la responsabilidad social la definen hoy las formas de gestión por espontaneidad, apuntó.

Para Aylin Febles, diputada por Sancti Spíritus, las estrategias de desarrollo territorial también pueden ser modificadas y transformadas en función de los nuevos actores económicos del país.

Que su compromiso social se les reconozca y que todas se sepan dentro de una sociedad socialista, precisó.

Yanetsy Terry, diputada de Granma, explicó que esa provincia, con más de 800 mipymes aprobadas, ha alineado las formas de gestión no estatal a las dinámicas de desarrollo y al potencial identificado en ese territorio.

En ese sentido, apuntó que sobresale la producción local de materiales de la construcción, principalmente de ladrillos y áridos.

Otros temas centraron el diálogo de los diputados, entre ellos, las cuestiones que hoy obstaculizan el quehacer de las formas de gestión no estatal, la necesidad de lograr producciones cooperadas, la fluctuación de fuerza de trabajo de un sector a otro y el sistema de control con la participación de diferentes órganos y organismos.

Como parte de la evaluación del marco jurídico, se ha detectado la inexistencia de un sistema de atención integral, distorsiones en el encadenamiento con la empresa estatal, subdeclaración y evasión de impuestos y aplicación de precios abusivos.

Cuba cuenta hoy con más de nueve mil 900 mipymes y cooperativas no agropecuarias, las cuales tienen 262 mil personas empleadas, el 25 por ciento de ellas menores de 35 años.