Jóvenes inmigrantes en Estados Unidos comienzan a ¿soñar?

El pasado 15 de agosto miles de jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos acudieron a iglesias y centros de orientación para buscar información sobre el programa de gobierno promovido desde hace dos meses por el presidente Barack Obama, el cual promete regularizar por el término de dos años la situación de miles de inmigrantes indocumentados que viven en ese país.

El programa, conocido como Dream Act, fue anunciado por Obama el pasado mes de junio en un intento que muchos califican como una acción inteligente del Presidente para recuperar el voto de la comunidad latina de cara a los comicios del próximo mes de noviembre.

Según se ha divulgado por los medios de comunicación, alrededor de 1,7 millones de personas pudieran aplicar, de ellos 890 000 podrían beneficiarse con la medida, que supone abrirá las puertas a un futuro mejor: la suspensión temporal de su deportación y la obtención legal de un permiso de trabajo válido por dos años.

Los dreamers o soñadores, como son llamados estos jóvenes que llegaron de forma ilegal a los Estados Unidos cuando eran niños, deben cumplir cinco requisitos fundamentales. Entre ellos, tener 30 años o menos; haber estado en los Estados Unidos al menos durante cinco años; haber llegado al país antes de cumplir los 16 años; estar inscrito en una escuela primaria, media o secundaria, pública o privada, o haber concluido estudios en una escuela secundaria estadounidense u haber obtenido un certificado de aprobación del examen en inglés de Desarrollo Educativo General (GED por sus siglas en inglés); y haberse alistado en las fuerzas armadas y/o haber cursado estudios universitarios.

A esto se une, por supuesto, no haber cometido ningún delito grave, ni constituir una amenaza para la seguridad del país. En este caso, las solicitudes serán rechazadas de inmediato y el joven será deportado a su país de origen.

Voces opositoras califican la medida de Obama como una amnistía clandestina y argumentan que la iniciativa permitirá a personas sin autorización, residir en los Estados Unidos y obtener trabajo, mientras 23 millones de estadounidenses carecen de él.

La polémica gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó incluso una orden que prohíbe a estos jóvenes beneficiarse de algunas ayudas públicas. Según expertos, la introducción de esta medida impide que los ilegales puedan obtener la licencia de conducción u otros documentos de identificación.

En general, los jóvenes se muestran contentos y esperanzados con el programa de Obama. Centros y organizaciones en defensa de la comunidad latina han expresado que son muchos los indocumentados que están pidiendo asesoría en este tema. Algunos ven en esta acción el único paso concreto para poder regularizar su situación y poder aplicar para un trabajo formal, viajar libremente y obtener una licencia de conducción.

Sin embargo, otros están dudosos con la iniciativa, en especial porque se sienten defraudados con Obama, que en sus cuatro años de mandato no ha resuelto el problema migratorio de los indocumentados. Su promesa de reforma migratoria ha caído en saco roto.

La iniciativa viene siendo como un as que se ha sacado de la manga para recuperar el voto latino. En definitiva, no da solución al grave problema que enfrenta ese país, con millones de indocumentados viviendo temerosos de que puedan ser deportados en cualquier momento.

La medida no da la ciudadanía, solo retarda el proceso de deportación por dos años a aquellos que reúnan todos los requisitos exigidos por el gobierno, que se arroga el derecho de rechazar cualquier solicitud que considere dudosa. En ese caso, el joven no podrá volver a solicitar su inclusión en este programa.

Asociaciones de derecho y ayuda a los emigrantes señalan que existen personas que temen por lo que pueda hacer el gobierno con toda esa información, en especial porque algunos jóvenes pertenecen a familias con diferentes estatus migratorios, lo que podría provocar la deportación de otros miembros que no tengan sus papeles en regla.

Los inmigrantes: los marginados

No es secreto para nadie que en la sociedad norteamericana existen sentimientos racistas contra todo lo que consideran que no es igual: blancos, latinos, musulmanes. Recientemente salió publicada una nota donde se denunciaba que una mujer residente en Nueva York fue acusada de mantener como sirvienta y en condición de esclavitud en su mansión a una inmigrante indocumentada procedente de la India.

El director ejecutivo del Proyecto Polaris, un grupo sin fines de lucro que ayuda a indocumentados, Bradley Miles, dijo a la prensa que el tipo más frecuente de abuso laboral reportado a la organización es justamente la servidumbre doméstica.

Miles señaló que desde el 2008 han recibido más de 2500 llamados de sobrevivientes de tráfico sexual y laboral, y de unos 60 a 70 diarios en busca de asesoramiento, recursos o entrenamiento.

Un informe divulgado por Russia Today revela que después de los latinos, los asiáticos del sur de Asia representan la segunda comunidad de migrantes más grande que trabaja en la ciudad de Nueva York.

Una encuesta aplicada por Desis Rising Up & Moving (DRUM), organización comunitaria, sobre modus vivendi de bengalíes, indios, pakistaníes y nepalíes, arrojó que más de la mitad de los encuestados gana menos del salario mínimo, la gran mayoría no tiene ningún tipo de seguro médico y solo a una quinta parte de ellos se le paga por los días de enfermedad.

La mayoría de los trabajadores surasiáticos de bajos ingresos por lo general viven en sótanos, porque ese es el único tipo de vivienda que pueden costearse en Nueva York. Los resultados de la encuesta describen la realidad de una mano de obra explotada, mal pagada y frecuentemente acosada, situación que solo se agravó después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, ya que muchos asiáticos del sur son musulmanes y los que no, generalmente son tomados como tales por la policía durante las operaciones denominadas «parar y revisar», reveló RT.

Como si eso no fuera suficiente, en otros estados, como Arizona, desde el 2010 se promulgó la llamada Ley SB1070 (Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act), una ley muy cuestionada cuya cuarta iniciativa fue ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y que está relacionada con el programa «Muéstrame tus papeles». De esta forma, el personal del Estado puede detener a cualquier «sospechoso» de parecer inmigrante. Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch, aseguró que esta decisión podría permitir que se cometan los mismos abusos contra inmigrantes, como ha sucedido en otros estados donde existen leyes similares.

De igual forma, en mayo último, un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA) denunció que inmigrantes ilegales padecen de una constante violación de sus derechos humanos y civiles en centros de detención federales de inmigración.

El documento señala que los problemas más conflictivos se dan en el estado de Georgia, donde residen alrededor de 500 000 indocumentados, y donde incluso meses atrás el Ku Klux Klan solicitó al gobierno del Estado un permiso para la vigilancia de una avenida en la localidad de Union County para garantizar su «limpieza, tranquilidad y progreso», aunque no dieron detalles de cómo lo harían.

El informe de UCLA destaca que algunos detenidos fueron forzados a firmar documentos que autorizan a la deportación sin necesidad de tener una audiencia judicial. Asimismo se denunció que no se brinda información acerca de servicios legales, se les niega atención médica adecuada y se violan los derechos de confidencialidad en relación a sus abogados.

Todo esto sucede en un país que habla de igualdad de derechos humanos y libertad, pero que destila odio y desprecio contra los que intentan llegar a su tierra en búsqueda de un sueño que muy fácil se puede convertir en pesadilla.