Lula pretende dejar régimen de prisión cerrada

'Quiero irme a mi casa. Ahora, si tengo que renunciar a continuar la pelea por mi defensa, no tengo ningún problema de quedarme aquí', afirmó Lula durante una entrevista con el periodista Kennedy Alencar en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde cumple condena, citada por el sitio digital.

La conversación será publicada próximamente por Rede TV, pero Alencar divulgó un breve fragmento en su blog.

El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) recibió el lunes la primera petición para que el exdirigente obrero tenga derecho al régimen semiabierto.

La reducción de la condena de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses definida en la corte superior la semana pasada por corrupción pasiva y lavado de dinero abre el camino para que el exmandatario tenga el derecho de ir al régimen semiabierto inmediatamente.

En una decisión unánime, la quinta corte de la STJ mantuvo sin embargo el castigo contra el exsindicalista y los votos fueron pronunciados durante el juicio ante un recurso presentado por la defensa.

Tal fallo hizo emerger la posibilidad de que Lula abandone este año el régimen cerrado y pueda cumplir la sanción a fines de septiembre en prisión domiciliaria.

De acuerdo con la legislación penal brasileña, un preso tiene derecho a reclamar el régimen semiabierto después de cumplir un sexto de la penalidad.

Actualmente, el exgobernante cumple cárcel en régimen cerrado.

Desde el 7 de abril de 2018, Lula permanece en prisión por supuestamente haber recibido un lujoso apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Ante las acusaciones, el fundador del Partido de los Trabajadores insiste en que resulta víctima de una verdadera persecución política y que luchará hasta el final por su dignidad.

En febrero, Lula recibió otra condena a 12 años y 11 meses de cárcel por las reparaciones que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida al expresidente en Atibaia, Sao Paulo, como pago a sus favores políticos.

Para los abogadores defensores, el exjefe de Estado es víctima de una verdadera cacería judicial y el STJ recurrió a formalidades inaplicables al caso concreto.

No hay elementos jurídicos para la configuración de los crímenes imputados a Lula, argumentó la defensa y lamentó que no haya sido autorizada a participar del juicio por medio de apoyo oral.