El 17 de abril, el secretario de Estado, Mike Pompeo, informó la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite la presentación de demandas judiciales contra entidades cubanas y extranjeras fuera de la jurisdicción estadounidense, si estas 'trafican' con propiedades 'confiscadas', como definen las nacionalizaciones realizadas por la Revolución.
Ese propio día, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció mayores restricciones para los viajes a la isla de los norteamericanos, quienes tienen prohibido hacer turismo en la mayor de las Antillas, y limitaciones en las remesas familiares.
Las acciones se enmarcan en el discurso del presidente Donald Trump de acabar con el socialismo en el hemisferio occidental y en una cruzada para imponer el cambio de régimen en Venezuela.
En Twitter, el canciller de Cuba reiteró además el compromiso de La Habana con la búsqueda de un orden internacional justo y equitativo. 'Un mundo mejor no solo es posible, sino que es indispensable e inevitable', subrayó.
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