Cálidamente asociada a los grupos ultraderechistas de origen cubano residentes en Miami, la fiscal estatal Katherine Fernández Rundel está siendo dada a conocer más allá de su imagen formal.

Un ex alcalde de la localidad floridana de Hialeah, Raúl Martínez, declaró este lunes al Diario Las Américas que las tituladas “boletas ausentes” facilitan el camino para ejecutar fraudes en la Florida.

Las citadas boletas deben ser utilizadas en casos que justifican la ausencia del elector a las urnas, como, entre otros, determinados ancianos o personas incapacitadas, votantes fuera del país o lugar de residencia por circunstancias diversas.

Pero ahora, por disposición de las autoridades de Miami-Dade, cualquiera puede solicitar la mencionada boleta en su residencia sin pretexto alguno.

Una periodista del Diario Las Américas, Iliana Lavastida Rodríguez, advirtió que ello se ha liberalizado tanto que pierde rigurosidad, “lo cual desde luego pone en riesgo la credibilidad del resultado electoral”.

El ya mencionado ex alcalde Raúl Martínez valoró de crítico el problema, debido a que han sido traídos a un condado de Estados Unidos manejos de cualquier país sin respeto a la democracia.

¿Principales culpables? Martínez señaló a los políticos de la capital de Miami-Dade (Tallahassee), y en particular nombró a la fiscal estatal Catherine Fernández Rundel, porque la Fiscalía sabe, puntualizó, que hay un gran negocio montado con el uso fraudulento de las boletas ausentes “y hasta ahora no se ha procesado a nadie”.

La campaña de reelección de la fiscal y del actual alcalde del municipio, Carlos Giménez, utilizan el mismo consultor político, Al Lorenzo, un especialista en la organización de grupos para cruzadas en la calle.

De acuerdo a reportes financieros, Lorenzo, dueño de la empresa Quantum Results Inc., ha recibido miles de dólares procedentes de las campañas de Fernández-Rundle y de Giménez.

Solo desde fines del mes de junio ese negocio ha recepcionado más de 63 000 dólares por parte de la campaña de la fiscal, 24 000 de los cuales fueron invertidos en anuncios publicitarios.

Esta santa alianza provoca dudas sobre el conflicto de intereses que afronta la señora Fernández-Rundle cuando, por ejemplo, actúa de manera nebulosa al juzgar el caso de una mujer, Daisy Cabrera, promotora de la campaña de Giménez, sorprendida con decenas de boletas ausentes en Hialeah.

Para evadir una tempestad en formación, la fiscal-socia de Giménez distribuyó un comunicado en el que aseguró haber tomado nota de lo sucedido, “tenemos la intención de investigar a fondo este asunto electoral”.

Un periodista de El Nuevo Herald, David Ovalle, escribió el 27 de julio último que, en pasadas campañas electorales, la fiscal de Miami-Dade afrontó la crítica de ser débil con la corrupción política.

Lo demostró ampliamente cuando implicada con la ultraderecha de origen cubano asentada en Miami hizo el juego a la parodia de juicio montado contra 5 antiterroristas cubanos que penetraron bandas establecidas en esa urbe.

Con el respaldo de estas agradecidas pandillas ha declarado tener en sus manos hasta el momento 533 005 dólares en donaciones para reelegirse en su actual cargo el próximo 14 de agosto.

No resulta frecuente y va contra toda lógica que un fiscal ocupe lugar en el banquillo de los acusados, pero ahora, al menos moralmente, sucede con la señora Katherine Fernández Rundle.