Cuba aspira a solucionar su déficit habitacional en 10 años

La construcción de viviendas es un tema de especial sensibilidad para la población cubana y fue ampliamente abordado en el espacio televisivo Mesa Redonda, donde comparecieron funcionarios del Ministerio de la Construcción (MICONS), rector de la Política de la Vivienda en el país. Según sus directivos, la estrategia abarca 10 años para recuperar el déficit habitacional.

Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda, explicó que la política reúne un conjunto de acciones y estrategias para recuperar el fuerte deterioro del fondo habitacional en todas las provincias -algunas con más incidencias que otras como el caso de La Habana, Santiago de Cuba, Holguín- y, en sentido, general las orientales.

“Desde el paso del huracán Irma, en septiembre de 2017, que afectó a casi todo el territorio nacional, la Dirección de la Vivienda se dio a la tarea de trabajar de conjunto con todas las fuerzas y medios que el país puso a disposición de los territorios dañados, en función de su recuperación”.

La funcionaria especificó que la política toma como punto de partida los datos del fondo habitacional en el país hasta junio de 2017, a lo que se sumó un análisis de la situación existente en la Isla antes del triunfo de la Revolución.

Dijo que aun cuando había acciones precedentes en función del desarrollo de la vivienda, era necesaria una estrategia más abarcadora e integradora, en la cual se concibe que el protagonista principal sea la población, además de todos los organismos y empresas constructoras que trabajan en función del programa.

De acuerdo con Rodríguez Salazar, luego del triunfo revolucionario y hasta la fecha, en Cuba se han construido más de dos millones 568 mil viviendas; mientras que en la actualidad el fondo habitacional asciende a más de tres millones 800 mil casas.

Agregó que sólo el cinco por ciento del fondo presenta condiciones de precariedad -como pisos de tierra, cuarterías, edificios críticos- para cuya solución paulatina está diseñada la política.

Especificó que en el caso de los pisos de tierra, la mayoría de las viviendas que lo poseen no tienen estatus legal, pues mientras se trabaja por erradicar esa problemática, continúan apareciendo, tanto en zonas urbanas y rurales.

Añadió que tiene también como objetivo estimular la construcción de viviendas en las zonas urbanas, y estabilizar a la población que hoy está emigrando a las grandes ciudades o a las cabeceras provinciales.

En cuanto al estado del fondo habitacional, Rodríguez Salazar informó que el 39% de  las edificaciones se encuentra en malas y regulares condiciones.

“Existe un déficit de 929 mil 695 viviendas; de ellas hay que construir, nuevas, unas 527 mil y rehabilitar 402 mil”.

En ese sentido, la funcionaria reconoció que el tema de la rehabilitación es el más complicado en la estrategia diseñada, porque un grupo de viviendas presentan un estado de deterioro muy avanzado y habría que hacerles intervenciones estructurales complicadas, mientras que otras sujetas a demolición para construirlas desde cero.

“La estrategia abarca 10 años para recuperar el déficit habitacional. Sabemos que hay una demanda insatisfecha de recursos naturales y fuerza de trabajo, aspectos sobre los cuales también se han previsto acciones a implementar”.

Si bien resulta esencial la intervención de la población en la reparación y construcción de sus inmuebles, no menos importante es garantizar los materiales para concretar esas acciones por esfuerzo propio en cada territorio. Con ese fin surgió el Programa de Producción Local y Venta de Materiales de la Construcción (PLVMC), calificado como la “industria de materiales de los municipios”.

Tomas Vázquez Enríquez, director del referido Programa perteneciente al MICONS, subrayó que se trata de un camino a la solución del tema la vivienda en Cuba.

De acuerdo con Vázquez Enríquez, hace seis años se trabaja en la organización de este Programa, y desde ahora se ha insertado en la Política de la Vivienda.

El objetivo es que todos los territorios logren la autonomía en la producción de materiales, partiendo de sus potencialidades.

“No hablamos solamente de la consolidación de las bases productivas en la cabeceras de los municipios, sino que se extiende a los Consejos Populares más grandes”.

Explicó que esas bases productivas tienen como fin la fabricación del módulo de 17 materiales genéricos (áridos, elementos de pared, cubierta y piso, bloques, carpintería de hormigón, etc.) demandados por la vivienda. Hay 10 que por sus características no se pueden fabricar localmente; por ejemplo, cables, luminarias y cemento Portland.

“No todos los municipios tienen completo sus módulos; pero lo principal: elementos de pared cubierta y pisos, más del 92% lo tienen completo. Se ha incorporado la carpintería de hormigón”.

Sin embargo, el directivo apuntó que en correspondencia con las necesidades acumuladas, hoy lo que se produce está muy lejos de resolverlas.

Según Vázquez Enríquez, al Programa también lo asiste un plan de materiales de la  industria nacional como el cemento, acero, parte del árido, plástico, mientras que el resto han de gestionarse en el municipio.

Somos consumidores de más de tres mil toneladas de plástico reciclable, comprado a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, añadió.

Precisó que en las 16 provincias y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud hay capacidad de extrusión para hacer mangueras y tubos para las conexiones. “Otros renglones como las llaves y latiguillos, destinados al Programa de Ahorro de Agua, los tenemos concentrados en Villa Clara y Holguín”.

A tono con la valoración de Vázquez Enríquez también deben aprovecharse más las materias primas naturales como la arcilla, la piedra de potrero y la arena, las cuales formaron parte de las tradiciones constructivas en años anteriores en el país.

“El Programa está recuperando esas tradiciones y aprovechando todo lo que la naturaleza brinda”.

Al hacer un balance de los seis años de creación del PLVMC, su director aseguró que han sido de capacitación, preparación y creación de capacidades, aspecto en el cual se tienen muchas prerrogativas.

Existe, para la creación de capacidades, el apoyo de 33 empresas de los Consejos de la Administración Provincial, en tanto se aprovecha la disponibilidad de los Organismos de la Administración Central del Estado.

Por ejemplo, canteras que pertenecen al Ministerio de la Agricultura, Azcuba y las geomineras -una vez cumplido su encargo estatal- pueden respaldar el Programa.

Esto quiere decir que hay muchas reservas todavía en los municipios que podemos incorporar al PLVMC, y complementarlo con el sector no estatal: Cooperativas y Trabajadores por Cuenta Propia (hay incorporados más de 800 TCP).

Vázquez Enríquez apuntó que el Programa está en los 168 municipios del país, “con mayor o menor intensidad”; “algunos han estado muy morosos y otros retrocedido, pero hay un sistema de trabajo que contempla una evaluación dos veces al año”.

Resaltó que el mayor grueso de los problemas detectados en cada una de las comprobaciones son subjetivos, y que son responsabilidad de los presidentes de los gobiernos, máximos responsables del Programa en cada territorio.

Otro aspecto mencionado por el directivo fue la calidad, “que no es una asignatura perdida, sino pendiente”. “Se hacen cosas muy buenas, pero también muy malas. Es un problema de exigencia y amor, pero también pasa por el tema de que las bases productivas estatales tienen que pagarse correctamente, de no ser así proseguirá la fluctuación laboral en el sector y, aparejado a ella, la pérdida de especialización”.

Al decir de Carlos Méndez Trujillo, Director de Balance de la Dirección General de la Vivienda, la política de este sector también prevé garantizar aquellos suministros que no se puedan producir de manera local a través de la industria nacional. “La demanda de recursos requiere de un incremento y uso eficiente en las producciones actuales de la Industria Nacional, con la ampliación de capacidades productivas en cemento, áridos, pisos, enchapes, muebles sanitarios y otros materiales”.

En este sentido agregó que estos incrementos se pautan a partir de la modernización de la fábrica de cerámica y muebles sanitarios de Santa Cruz y San José y la modernización y el cambio de la matriz energética de las fábricas de cemento.

Méndez Trujillo explicó en el espacio radio-televisivo que el balance de recursos está diseñado dentro de la Política en dos direcciones fundamentales: las viviendas que se construyen por el estado, a través de las empresas estatales que edifican viviendas y el esfuerzo propio de la población en la red de tiendas de materiales de la construcción del Ministerio de Comercio Interior.

“El país continuará garantizando los recursos fundamentales que no pueden ser producidos a nivel de provincia y municipio como son el cemento y acero, muebles sanitarios, cables y accesorios eléctricos, entre otros;  el resto de los recursos tienen que producirse localmente, según las materias primas naturales de cada territorio debiendo completarse la totalidad de los materiales para la construcción de una vivienda”, enfatizó.

Al finalizar la Mesa Redonda, Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda detalló algunos de los principios para la instrumentación de la Política para el sector.

En este sentido explicó que se realizó una actualización de los planes de Ordenamiento Territorial y Urbanísticos en correspondencia con el Catálogo de  proyectos de la Política.

“Se han actualizado los planes identificando en cada territorio el potencial para la construcción de viviendas, las áreas tanto en las zonas rurales como en las urbanas, localizando la ubicación de las viviendas según los diseños y tecnologías que existen en el Catálogo de Proyectos con más de 160 variantes que incluye todas las tipologías constructivas”, comentó.

Otro de los principios es el aseguramiento de las Urbanizaciones y construcción de redes  como la de agua, residuales, drenaje, electricidad, comunicaciones, concluyó.