Se opone gobierno de EE.UU. a petición de Gerardo Hernández

El 6 de julio de 2012 la Fiscalía de la Florida envió a la corte de Miami su oposición a la solicitud presentada por el abogado Martin Garbus, en representación de Gerardo Hernández Nordelo, en la que pidió una audiencia oral y la entrega por parte del Gobierno de evidencia adicional que permita profundizar en el caso de los «periodistas» que fueron pagados con dinero federal y actuaron antes y durante el juicio de Los Cinco con el propósito de crear lo que en 2005 el panel de la Corte de Apelaciones describió como «una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad».

En una maniobra evidentemente evasiva, el Gobierno intenta argumentar que los hechos presentados por la defensa no son tales y por tanto, no resulta necesario procurar más información para esclarecerlos. En otras palabras, le dice a la propia jueza Joan Lenard que la denuncia de la defensa sobre la conducta de los «periodistas» que ella misma reconoció durante el juicio llegaron incluso a amedrentar y acosar al jurado, no es más que una teoría conspirativa y una especulación generalizada.

En su escrito, la Fiscalía advierte que podría recurrir a «privilegios ejecutivos» y a la Ley de Protección de la Información Clasificada (CIPA) para no acceder a la petición, lo cual equivale a admitir su voluntad de seguir ocultando y manipulando las pruebas.

En un breve párrafo final la Fiscalía se opone también a la audiencia oral solicitada por Gerardo.

Cabe preguntarse a qué le teme el Gobierno. Por qué no permite que Los Cinco, y particularmente Gerardo, que cumple dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión, puedan disponer de toda la información que necesitan para defenderse de condenas tan injustas y absurdas como las que les fueron impuestas.