Del total de dos mil 654 menores alejados de sus progenitores por la política de 'tolerancia cero' hacia dichas personas, dos mil 251 regresaron al lado de los familiares.

Sin embargo, casi la mitad de los que faltan no lo harán pues sus padres renunciaron a ese derecho o se encontraron causas que suponen un peligro para los pequeños, apuntaron reportes periodísticos sobre una audiencia ayer al respecto en San Diego, California.

En ese espacio, el juez federal Dana Sabraw, encargado de seguir las demandas colectivas en nombre de las familias inmigrantes, pronosticó que el caso está cerca de un cierre definitivo.

Abogados de la administración aseguraron tener información de contacto de todos los padres repatriados sin sus hijos, pero un comité designado por la Unión Americana de Libertades Civiles, que interpuso uno de los mencionados reclamos, insistió en que todavía no se han ubicado a 31.

La política de 'tolerancia cero', aplicada desde mayo pasado pese al rechazo a nivel nacional y foráneo, establece que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la frontera con México será acusado de cargos criminales.

Frente a la presión de diversas voces y con el fin de frenar la división familiar, Trump firmó el pasado 20 de junio una orden ejecutiva, pero quedaron fuera de la disposición quienes habían sufrido la práctica.

Menos de una semana después, Sabraw ordenó al Gobierno que procediera de inmediato con la reunificación de familias separadas, pero los plazos dados se cumplieron sin lograr el objetivo de manera total.

El mes pasado, dicho juez favoreció una estrategia presentada por funcionarios de los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Estado, y Justicia para impulsar y concretar el proceso de unión.

Tal variante se basa en identificar a las familias, hacer contacto, determinar las intenciones del padre con el niño, resolver cuestiones migratorias del menor, y finalmente transportarlo al país de origen para juntarse a su allegado.