Las oficinas y el domicilio en París del ex presidente francés Nicolas Sarkozy fueron allanados el martes en el marco del caso Bettencourt sobre una presunta financiación política ilegal, indicaron el abogado del ex jefe de Estado y fuentes cercanas a la investigación.

La inmunidad presidencial de Sarkozy terminó el 15 de junio, un mes después del traspaso de poderes a su sucesor François Hollande, y el expresidente puede ser ahora demandado, procesado o convocado a declarar como testigo por la justicia.

Una decena de policías acompañaban el martes al juez de instrucción Jean-Michel Gentil. La justicia investiga en este caso un eventual financiamiento político ilícito de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007 por Liliane Bettencourt, heredera de la firma de cosméticos L'Oreal.

Sarkozy viajó el lunes a Canadá, según su abogado, Thierry Herzog.

La justicia investiga si retiros de dinero en efectivo realizados de las cuentas de Liliane Bettencourt sirvieron para financiar de manera ilegal la campaña electoral de Sarkozy, en particular dos retiros de 400.000 euros cada uno, realizados en febrero y en abril de 2007, poco antes de la presidencial de ese año.

En ausencia de Nicolas Sarkozy, que viajó el lunes en familia a Canadá, el juez allanó su domicilio, los locales puestos a su disposición como despacho en tanto que ex presidente, y el antiguo bufete de abogados del ex presidente, confirmó Thierry Herzog.

"Teniendo en cuenta que a ese magistrado se le enviaron hace quince días todos los elementos necesarios, esos allanamientos resultarán actos inútiles", estimó el abogado.

Según él, esos documentos demuestran "la imposibilidad absoluta de las pretendidas 'citas secretas' con Liliane Bettencourt".

El abogado precisó que ha informado al juez Gentil de que "todos los desplazamientos y lugares a los que fue Nicolas Sarkozy durante el año 2007 estuvieron bajo el control de funcionarios de policía encargados de su seguridad".

En ese sentido, Herzog añadió que escribió de nuevo el martes al juez para darle la identidad de esos policías "a fin de que estos puedan certificar que no hubo ninguna cita el 24 de febrero de 2007" en el domicilio de la familia Bettencourt.

Gentil investiga en base a testimonios de ex empleados de la multimillonaria, que afirman que vieron a Nicolas Sarkozy en la casa de los Bettencourt a principios de 2007.

Otro testimonio emana de François-Marie Banier, por entonces un artista amigo de la millonaria, que anotó en su diario personal el 26 de abril de 2007 una confidencia que le hizo Bettencourt. Esta habló de un "pedido de dinero" de Nicolas Sarkozy al que ella "dijo sí", según el diario Le Monde.

El caso Bettencourt, que en principio partió de un diferendo familiar entre la octogenaria y su hija por sospechas de abuso de debilidad, desbordó al terreno político y provocó la dimisión del ex ministro de Trabajo de Sarkozy, Eric Woerth, a raíz de sospechas de conflictos de intereses y de financiamiento ilícito de campañas electorales.

Once personas, entre ellas Woerth, han sido ya inculpadas en el marco de este caso.

La financiación de la campaña presidencial de 2007 tiene otra vertiente polémica, del lado libio. El sitio web francés de información Mediapart publicó un documento atribuido a un ex hombre de confianza del coronel Muamar Gadafi, en el que se mencionaba "un acuerdo de principio" cerrado en 2006 con Trípoli para aportar a la campaña del candidato Sarkozy 50 millones de euros.

Nicolas Sarkozy denunció "una infamia" y presentó una denuncia por "publicación informaciones falsas" contra el sitio web Mediapart.

Sobre este punto, no hay sin embargo ninguna investigación judicial abierta.

Con el fin de su inmunidad presidencial, Sarkozy podría verse concernido por otros asuntos judiciales, en particular el llamado caso Karachi, desencadenado a partir de un atentado perpetrado en esa ciudad de Pakistán.

Dos familias de víctimas presentaron el 18 de junio una demanda judicial contra el expresidente, acusándolo de haber violado el secreto de la instrucción sobre el caso.

Los jueces sospechan que en este caso hubo retrocomisiones de los contratos de venta de armas que sirvieron para financiar la campaña presidencial del exprimer ministro Edouard Balladur en 1995. En la época, Sarkozy era el portavoz de Balladur.

Una de las hipótesis de la investigación es que el atentado fue un acto en represalia por el cese del pago de las comisiones.