Mientras que en el 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.
Pedro Vaca, director de la FLIP, dijo a El Espectador que los casos ya han sido puestos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección, pero que las medidas adoptadas en todos los casos han sido insuficientes o en extremo demoradas.
El documento cita casos de periodistas que han sido amenazados en los departamentos de Antioquia, Putumayo y Magdalena por difundir noticias sobre crímenes de defensores de los derechos humanos o por dar cobertura a las irregularidades creadas con la minería ilegal.
'Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la Unidad Nacional de Protección', expresa el texto.
La FLIP pide al gobierno garantizar las medidas orientadas a salvaguardar la vida e e integridad de quienes ejercen la labor periodística en Colombia.
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