Un abogado estadounidense calificó de decepcionante el rechazo de la Corte Suprema de su país a la demanda contra una legislación de Florida que prohíbe usar fondos públicos y privados para los viajes académicos hacia Cuba.

Esta es una ley equivocada que envía un mensaje distorsionado para la libertad académica en Florida (...) Es un triste momento para la actividad académica, aseveró el jurista Randall C. Marshall, representante legal de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU).

A su juicio, la normativa restringirá el uso del capital público y también las contribuciones que tradicionalmente otorgan fundaciones y organizaciones privadas para la labor de las universidades de ese estado, hogar de los principales grupos que planean y ejecutan acciones terroristas contra Cuba.

El máximo órgano judicial, integrado en su mayoría por magistrados conservadores, declinó ayer la apelación sin ofrecer argumentos y dejó en pie la restricción impuesta en 2006 por Florida.

Profesores de varios centros de educación superior del territorio sureño presentaron la demanda este mes, con el respaldo de la ACLU, tras considerar la ley inconstitucional y que interfiere con la política exterior establecida por el gobierno federal.

Ese instrumento, promovido por el congresista republicano David Rivera, también impidió a las universidades estatales efectuar viajes estudiantiles a Sudán, Siria e Irán, que el Departamento de Estado incluyó en su listado de países patrocinadores del terrorismo.

La política hostil de Estados Unidos hacia Cuba tiene en el sector académico uno de sus objetivos, rechazado dentro y fuera de esa nación.

El más reciente ejemplo ocurrió en mayo pasado durante el XXX Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés), que sesionó la californiana ciudad de San Francisco.

Washington negó la visa a una decena de intelectuales de la nación caribeña para participar en el foro destinado a debatir cuestiones regionales.

Esa acción forma parte del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra La Habana por más de medio siglo, que ha costado más de 975 mil millones de dólares y constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del Derecho Internacional.

La comunidad internacional ha condenado y exigido el levantamiento inmediato de esa medida coercitiva durante 20 años consecutivos ante la Asamblea General de la ONU.