La destitución del presidente Lugo está lejos de ser constitucional porque no solo los votos y las formas generales mencionadas por la Constitución hacen la legalidad.

Su destitución carece de los requisitos de un procedimiento especialísimo que demanda el cese de un jefe de Estado. Lugo no ha sido investigado por la Cámara de Diputados por las cinco acusaciones que le imputó, una de ellas por un acto político en las FFAA el 2009 y otra ¡por la creciente inseguridad ciudadana!

Cuando el caso pasó al Senado, este violó los artículos 23, 24 y 25 de su reglamento y dispuso un procedimiento celerísimo y ad hoc para Lugo, retirando los requisitos de razonabilidad al proceso, rehusándose a investigar, revisar lo actuado y haciendo materialmente imposible la defensa del acusado.

El parlamento paraguayo, con clara inspiración conservadora, ha violado el pacto republicano, debilitó la institución presidencial y rompió el equilibrio de los poderes que obliga a un control político racional.

No puede ser legal un juicio político sin investigación y sin defensa. El proceso a Collor de Mello (Brasil) duró de agosto a diciembre de 1992 y el de Nixon por lo menos dos años. A Lugo lo degollaron con una hoja de papel en cinco minutos.