Critican en EE.UU. propuesta de enmienda a Ley de Ajuste Cubano
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Cerca del 50 por ciento de los cubanos residentes en Estados Unidos se verán afectados con la enmienda que pretende hacerse a la controversial Ley de Ajuste Cubano, advirtieron defensores de los derechos civiles.
La Comisión cubanoamericana pro Derechos Familiares (Cacfr, por sus siglas en inglés), criticó la reforma propuesta por el legislador federal republicano David Rivera, a discusión en la Cámara de Representantes.
En una declaración basada en cifras ofrecidas por ejecutivos de la industria de viajes a Cuba en Miami, la Cacfr considera que la enmienda busca reducir las posibilidades de viajar desde Estados Unidos a esa nación caribeña, lo cual provocaría graves daños a los lazos familiares entre cubanos.
Álvaro Fernández, presidente de esa comisión, recordó que en 2009 la unidad familiar y el derecho de los familiares a viajar se convirtieron con toda justicia en una prioridad de la política del presidente Barack Obama hacia Cuba pero "la enmienda de Rivera eliminaría el mandato del presidente simplemente por razones electorales".
El proyecto H.R. 2831 que defiende el representante Rivera busca enmendar la Ley Pública 89-732 (Ley de Ajuste cubano) y de prosperar prohibiría viajar a Cuba a los naturales de ese país que aún no son ciudadanos norteamericanos.
Howard Simon, director ejecutivo de la filial floridana de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles, alertó en un artículo publicado en un diario local de Miami que muchas personas podrían ser deportadas injustamente si se aprueba la enmienda Rivera.
"Esto no es más que una crueldad y una restricción innecesaria a la libertad de viajar", subrayó Simon.
Por su parte, Silvia Wilhelm, directora ejecutiva de Cacfr, señaló que su organización luchará contra esa crueldad propuesta por el congresista Rivera.
"Los floridanos del sur y las personas provenientes de todo Estados Unidos están cansados de las payasadas antifamiliares y electorales de Rivera", acotó Wilhem.
La ley de Ajuste Cubano, aprobada por el Congreso norteamericano en 1966, da privilegios migratorios exclusivos a los cubanos y fue diseñada para alentar las salidas ilegales desde Cuba, como forma de desestabilizar al gobierno de La Habana.
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