Argentina aprueba ley de expropiación de YPF a Repsol

Con el voto de la mayoría de las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves la ley que expropia el 51% de las acciones de YPF en poder de la petrolera española Repsol, y dejó en manos del gobierno de la presidenta Cristina Fernández el control de la principal petrolera del país en medio de una crisis energética que pone en riesgo el modelo económico.

La nacionalización de YPF, privatizada en la década de 1990, fue aprobada con 207 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones luego de dos días de arduo debate en la cámara baja.

La iniciativa, impulsada por el gobierno y duramente cuestionada por España y la Unión Europea, había logrado el aval del Senado hace una semana, también con el respaldo de la mayoría de los partidos.

En su artículo más relevante, la ley declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta".

Repsol tenía en su poder el 57,43% de las acciones de YPF.

Está previsto que la presidenta ponga en vigencia la ley el viernes en un acto en la Casa de Gobierno.

A partir de este momento, del total de acciones expropiadas el 51% quedará bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol conservará un porcentaje minoritario.

Para justificar la expropiación, el gobierno ha sostenido por un lado la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de sostener el crecimiento económico, y también acusó a Repsol de no invertir lo suficiente y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo cual niega la compañía.

Agrupaciones kirchneristas movilizadas frente al Congreso celebraron, junto al vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios, la sanción de la ley bajo una lluvia de fuegos artificiales y consigas contra los que no acompañaron el proyecto.

"La verdad que estamos muy contentos...(con) la norma que hoy se va a aprobar en el Parlamento Argentino, que es la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que realmente también nos va a exigir un gran desafío", dijo la presidenta Fernández durante un acto horas antes de la votación en la cámara de Diputados.

Agregó que "no hubo otra salida que volver a recuperar ese instrumento de decisión nacional estratégico" porque el país se había convertido en 2011 "importador neto" de combustibles.

"Esta decisión también va a exigir por parte de todos los argentinos, y específicamente de aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sean oficialistas u opositores, el desafío de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país", destacó Fernández.

España, el principal inversionista extranjero en Argentina, calificó la decisión como "discriminatoria" y en represalia canceló la importación de biodiésel, con lo cual el país sudamericano perderá un ingreso de 800 millones de dólares.

Al mismo tiempo la Unión Europea evalúa suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014. También se pretende marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur.

Mientras Repsol sostuvo que invirtió más de 20.000 millones de dólares entre 1999 y 2011 en YPF, el gobierno argentino respondió que esa cifra no se ajusta a la realidad.

La compañía española si bien admitió una merma en la producción de gas y petróleo, aseguró que ésta fue menor a la de otras petroleras que operan en el país.

El oficialismo contó en la votación con el apoyo de la mayoría de las fuerzas opositoras, que igualmente dejaron sentada su disconformidad con la política energética llevada adelante por el gobierno y expresaron sus reparos sobre el futuro de YPF.

"Si Repsol hizo lo que hizo, fue con el acompañamiento y complicidad del gobierno. ¿No veían lo que estaba pasando los representantes del Estado en el directorio?", manifestó el diputado Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), la principal fuerza opositora en el parlamento.

"La UCR se encuentra ligada en su propia historia a YPF. Nosotros la creamos, no somos incoherentes...El proyecto del gobierno es muy objetable desde muchos ángulos (pero) coincidíamos en una aspecto central: la conveniencia de que el país tuviera una petrolera estatal o con mayoría estatal", agregó para justificar el voto a favor de su partido.

Agustín Rossi, líder del oficialista Frente para la Victoria, se preguntó "¿por qué Repsol no invertía en Argentina?. Porque el gobierno le decía 'no más de 50 dólares el precio del barril' y Repsol nos contestaba: 'van a tener desabastecimiento' y muchas veces nos desabastecía".

El canciller español José Manuel García-Margallo advirtió el jueves que si Argentina decidió expropiar, deberá pagarle a Repsol "un precio justo".

"Uno elige las opciones económicas y políticas que quiere, pero hay que pagar lo que es de otros", sostuvo.

El precio de los bienes de Repsol sujetos a expropiación será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La petrolera española los ha fijado en 10.500 millones de dólares, aunque el gobierno argentino dejó entrever que no pagará esa suma.

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo el jueves que estas acciones contra inversionistas extranjeros "afectan el clima de inversión y esa es nuestra preocupación".