Justicia y Derecho: Los jóvenes, de los más vulnerables a los homicidios

A nivel mundial el 50 % de las víctimas por homicidio son menores de 30 años, según aseguró en La Habana el , director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento al Delincuente (ILANUD).

El conocido especialista llamó la atención sobre dicho asunto, teniendo en cuenta que la población de América Latina es esencialmente joven, salvo el caso de Uruguay y Cuba que cuentan con las pirámides de población de mayor edad.

En la conferencia magistral ¿Es posible reducir la tasa de homicidio en América Latina?, ofrecida en el contexto del VII Encuentro Internacional Justicia y Derecho, el catedrático subrayó también que el 95 % de los homicidas son hombres, así como el 80 % de las víctimas.

Doctor Elías Carranza

Sin embargo —aclaró— dos tercios de las víctimas de homicidio, por causa de relaciones de parejas o intrafamiliares, son mujeres.

Se refirió a un estudio realizado por Naciones Unidas en 219 países acerca de la situación global del homicidio, el cual arrojó que 25 naciones tienen las tasas más altas, y l9 de ellas pertenecen a la región de América Latina; en tanto el resto (6) son del continente africano, el más pobre del planeta.

Durante la primera jornada del evento, al cual asisten alrededor de 400 delegados de 26 países, Elías Carranza mencionó algunos factores de riesgo que influyen en la comisión de delitos, y que en sentido general pueden ser de tipo psicológicos, educacionales, familiares, sociales, ocasionales, culturales, circunstanciales, económicos, entre otros.

Recalcó que el delito es un fenómeno multifactorial, y que en su ocurrencia inciden fundamentalmente asuntos relacionados con la inequidad en la distribución del ingreso entre países, y al interior de ellos.

Apoyado en estudios realizados por la Unesco, la Unicef, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud y otras, Elias Carranza ratificó en sus palabras que este tipo de inequidad trae consigo consecuencias muy negativas en educación y salud para determinados sectores de la población, así como en materia de vivienda, asentamientos urbanos y relaciones laborales.

Migraciones hacia países y regiones que ofrecen trabajo y condiciones adecuadas de vida, son otras de las secuelas.  

El director del ILANUD considera que es posible prevenir y reducir los delitos, sobre todo a partir de la identificación de los factores de riesgo y la acción mancomunada de organismos, instituciones y el trabajo social, siempre que se trabaje con inteligencia, vocación y se cuente con los recursos necesarios.

En relación con ello resaltó la importante contribución que en tal sentido pueden hacer los maestros, los trabajadores sociales, los funcionarios, la policía y los operadores de la justicia.  

Basado en informes del Banco Mundial y de otras instituciones, comentó que la inequidad global entre los países de altos ingresos y también al interior de estos ha venido creciendo de manera constante desde principios del siglo XIX y hasta la actualidad.

Los avances que se realicen en materia de justicia penal para reducir la violencia y el delito serán insuficientes si paralelamente no se avanza en las políticas sociales hacia mejores niveles de justicia distributiva e integración, aseveró.

“Nuestros países necesitan buena justicia penal, pero por sobre todo necesitan más justicia social y en esto último también el ejemplo de Cuba es muy importante y merece nuestra mayor atención”.