Maternidad: ¿por amor o por la fuerza?

Maternidad: ¿por amor o por la fuerza?
Fecha de publicación: 
8 Mayo 2016
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A la hora de procrear, las féminas no siempre cuentan con las mejores condiciones económicas o de salud, y en muchos países ni siquiera tienen la opción de decidir si continuar o no el embarazo.

 

Sobre el aborto, el debate global presenta dos tendencias: pro-decisión (con énfasis en el derecho de las gestante a decidir si terminar un embarazo) y pro-vida (que defiende el derecho del embrión o feto a gestar a término y nacer).

 

Las leyes sobre la interrupción de la gestación varía entre los diferentes estados, sin embargo todavía seis países del mundo lo mantienen vetado bajo toda circunstancia: El Vaticano, Malta, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana.

 

El aborto terapéutico, está justificado con razones médicas y legales que varían según la nacionalidad, pero a grandes rasgos, los criterios que se consideran son: el riesgo del parto para la vida de la madre, la viabilidad del feto, o cuando el embarazo resultó de un delito de naturaleza sexual (violación) o de la aplicación de técnicas de reproducción asistida sin el consentimiento de la mujer.

 

CONTRASTES EN LATINOAMERICA

 

En América Latina, las leyes en este sentido van desde el límite de lo permisible hasta las restricciones extremas, pues tres de los seis países que lo prohíben están en esta área geográfica.

 

Tal es el caso de El Salvador. Las leyes de la nación castigan con penas de hasta 40 años de cárcel a las mujeres que aborten, incluso cuando lo hacen involuntariamente por complicaciones en sus embarazos.

 

En este adverso contexto, las féminas que no cuentan con el pleno derecho de decidir sobre su cuerpo, optan por abortar en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud, denunció el diario chileno La Izquierda.

 

Eso significa interrupciones mediante métodos artesanales o auto provocadas, con altísimas posibilidades de desarrollar posteriormente afectaciones crónicas o incluso morir, aseveró dicha fuente.

 

Otros gobiernos son menos rígidos en este sentido, aunque todavía mantienen férreas restricciones sobre el desarrollo del embarazo, como es el caso de Paraguay, Brasil o Chile.

 

La legislación paraguaya solo aprueba el aborto cuando la vida de la madre corre un grave peligro, y lo mantiene vetado en casos de agresión sexual o inviabilidad fetal, informó dicho medio.

 

Como consecuencia, más de 600 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en este país y consecuentemente, deben dejar de estudiar y ponerse en función de mantener a su familia asumiendo empleos inseguros y mal pagados, según dicha fuente.

 

Por otra parte, Chile, el pasado marzo, propuso una ley para la práctica del aborto basada en tres causales: violación, riesgo de vida a la progenitora e inviabilidad fetal, añadió La Izquierda.

 

De aprobarse en el Congreso antes de que finalice la administración de Michelle Bachelet en 2018, el país evitará un cinco por ciento de los 70 mil abortos clandestinos que ocurren cada año en condiciones inseguras, aseguró el reporte.

 

ESPIRAL DE VULNERABILIDAD

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente el 12 por ciento del total de decesos maternos en la región son por abortos mal realizados, sin considerar las cientos de miles que terminan en hospitales por infecciones, perforación de órganos u otras secuelas internas.

 

El organismo calcula que anualmente en todo el mundo ocurren 20 millones de interrupciones inducidas y que en igual periodo 46 millones de mujeres recurren a esta opción para terminar un embarazo no deseado.

 

En tal escenario, el riesgo de muerte por aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 por cada cien mil casos, y particularmente en Latinoamérica y el Caribe, ese problema causa el 17 por ciento de los decesos en las gestantes.

 

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la región hay cerca de 4,4 millones de abortos al año y más del 90 por ciento de ellos se practican en condiciones de inseguridad.

 

El 70 por ciento de las gestantes que recurren a las operaciones clandestinas son menores de 30 años, pobres y viven en los estados donde la práctica es penada por la ley, por tanto son privadas de las atenciones de salud indispensables, denunció esa entidad.

 

Son féminas cuyo contexto socioeconómico las mantiene en una espiral de vulnerabilidad debido a la falta de educación, el desempleo y la pobreza.

 

Por otra parte, la violencia física y los crímenes de índole sexual es otro problema que perjudica a las mujeres de estos países.

 

En la región, más de la mitad de los embarazos son no deseados por resultar de ese tipo de agresiones y la falta de acceso a anticonceptivos modernos, según estadísticas de varias organizaciones no gubernamentales.

 

Brasil, en 2014 registró mil 613 abortos, 94 por ciento de ellos por violación, sin embargo algunos activistas a favor del derecho a decidir alegan que cada año se practican casi un millón de interrupciones del embarazo clandestinas.

 

VIRUS ZIKA

 

A este panorama se suma la expansión del virus Zika por Latinoamérica y sus posibles implicaciones adversas sobre el embarazo.

 

Brasil, la nación más afectada por la enfermedad y donde hace unos meses se desató el pánico debido a más de 4 mil diagnósticos de microcefalia en recién nacidos cuya madre contrajo el virus, todavía prohíbe el aborto en caso de problemas fetales crónicos.

 

Hasta el momento, ese gobierno solo acepta detener la gestación si resulta de una violación o por proteger la vida materna, sin embargo, el impacto del Zika y su vinculación -aún no demostrada fehacientemente - con los defectos congénitos en el feto obliga a dar una nueva mirada a estas normativas.

 

Tanto en el gigante sudamericano como en el resto del continente, la situación sanitaria respecto al virus ha puesto en evidencia las carencias y desigualdades regionales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva que desde hace décadas denuncian los movimientos sociales en defensa de los derechos de las mujeres.

 

Al respecto, el portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cécile Pouilly, opinó que el brote epidémico exacerba la situación de derechos humanos, preocupante desde hace tiempo, con respecto a la salud sexual y reproductiva en la región.

 

Incluso antes, los mecanismos de derechos humanos internacionales urgían a los países con leyes de aborto restrictivas a que descriminalicen el aborto y garanticen el acceso legal al menos en los casos en que hubo una violación o incesto o haya que salvar la salud o la vida, añadió. Aún así, en algunos estados donde la práctica es legal, el aborto no está disponible para muchas mujeres, especialmente aquellas de menor solvencia económica y por tanto, más vulnerables, agregó Pouilly.

 

Quelos gobiernos brinden acceso a una variedad de métodos anticonceptivos para las mujeres y sus parejas sería un paso trascendental para América Latina y el Caribe en el plano de los derechos humanos, concluyó.

 

Traer una nueva vida al mundo no debería ser un acto presionado por la ley, los prejuicios o el miedo, sino una muestra de amor en un momento en que al menos la fémina pueda disfrutar su maternidad y sea capaz de asumirla.

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